El Consejo de Estado recibió una petición del abogado de la familia del senador Gustavo Petro para que la condena por las chuzadas del DAS, ocurridas en 2009, se extienda al más reciente escándalo de ‘perfilamientos’ del Ejército revelado en el 2020 por la revista Semana.
El objetivo de Petro es que la indemnización a su favor por esa condena de las chuzadas del DAS se aumente de 700 a 2.700 salarios mínimos legales, lo que equivaldría a unos 2.400 millones de pesos, por el escándalo de los perfilamientos.
La defensa del senador dice en el recurso entregado al Consejo de Estado, que se ha prolongado en el tiempo las chuzadas del extinto DAS; es decir, “no han dejado de desaparecer”.
“El plan explícito de los más altos funcionarios del Estado en querer desarrollar conductas dolosas con el fin de infiltrar, escuchar, obstruir, aniquilar y desaparecer movimientos políticos diferentes al de Gobierno”, se lee en el documento firmado por el abogado de Petro, Óscar Ortiz.
De acuerdo con lo explicado, en el escándalo de ‘perfilamientos’ revelado por la revista Semana en un artículo titulado ‘Chuzadas sin Cuartes’, el senador Petro y su familia figuraban en la lista de base de datos que tenía en sus manos el Ejército.
En el 2019, la Corte Suprema de Justicia, junto con la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, allanó la unidad militar en el municipio de Facatativá, donde se realizaban estos ‘perfilamientos’ que fueron calificados por la defensa de Petro como ‘chuzadas’.
El caso se encuentra en estudio por parte de la magistrada María Marín de la Sección Tercera, quien deberá decidir sobre esa petición de la defensa del excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá.
Entre los condenados por las interceptaciones ilegales durante uno de los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe desde el extinto DAS, se destacan María del Pilar Hurtado condenada a catorce años de prisión; Fernando Alfonso Tabares condenado a ocho años y dos meses de prisión; y Jorge Alberto Lagos León, condenado a ocho años de prisión
Según la defensa de Petro, en esa época las interceptaciones en su contra ocurrieron entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2006, “labores de inteligencia a su sistema de seguridad y a sus actividades políticas. Datos personales, y familiares, aspectos relacionados con su seguridad como nombres de sus escoltas”.
