El ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila sufrió un grave accidente en la tarde del pasado viernes en el interior de la cárcel La Picota de Bogotá. El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que los hechos se presentaron cuando el condenado se encontraba levantando pesas.
En ese momento se golpeó la cabeza, hecho por el cual tuvo que ser trasladado al área de sanidad del centro carcelario para que se le prestara atención médica inmediata. Este sábado, según señaló el Instituto, fue atendido por los médicos de La Picota y se encuentra en observación.
Sin embargo, personas cercanas al ‘hacker’ señalaron que pese a la gravedad del golpe -producido con una pena de 40 kilos- no recibió la atención adecuada, cuestionando las demoras que se presentaron dentro de la cárcel para que recibiera atención médica puesto que el profesional de la salud de La Picota no se encontraba cuando fue trasladado y se demoró varias horas en volver.
Pese a que sufrió una convulsión por la violencia del golpe no recibió una valoración completa. En el Hospital La Samaritana -ubicado a 48 minutos de la cárcel- le realizaron una tomografía y lo trasladaron nuevamente al centro carcelario.
Las mismas fuentes indicaron que no ha recibido un diagnóstico claro, no le han dado los medicamentos y sus heridas no han sido suturadas hecho por el cual se pide la intervención de las autoridades humanitarias (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General) para que vigilen su situación.
Sepúlveda se encuentra cumpliendo una condena de 10 años de prisión después de aceptar su responsabilidad y participación en los hechos que rodearon las interceptaciones a correos electrónicos y obtención de información clasificada de un grupo de negociadores de la guerrilla de las Farc en el proceso de paz que se adelantaba en La Habana (Cuba).
En 2015 firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, espionaje, concierto para delinquir y violación da datos personales.
En la condena se señaló que con su actividad puso en riesgo la seguridad nacional puesto que obtuvo de manera irregular datos de la Policía y el Ejercito, así como información de los negociadores del proceso de paz.
Con esto -según se conoció- buscaba crear un plan de desprestigio contra las negociaciones mediante la filtración de información y datos manipulados.