El Consejo de Estado admitió para estudio de fondo dos demandas que buscan tumbar la elección Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’, como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, para el período 2022–2026.
En uno de esos dos procesos el Consejo de Estado decidió negar una solicitud que pretendía que se suspendiera la elección de Tovar como miembro miembro del Congreso.
“Certificados que acreditan el funcionamiento de la organización que avaló la candidatura, la Asociación Paz es Vida, así como el registro único de víctimas en el que la Unidad Administrativa de Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) lo reconoce como parte de la población más afectada por el conflicto”, dijo el Consejo de Estado, al negar la petición de suspensión.
Las demandas señalan que Tovar, por ser el hijo del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, no tendría derecho a una curul de paz, pues no haría parte de las víctimas del conflicto, por ser su papá un victimario.
“Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de conformidad con distintos reportes periodísticos, ha estado vinculado con los bienes adquiridos por su padre en desarrollo de actividades ilegales”, se indica en una de las demandas.
También cuestionan que por ser abogado profesional con título de posgrado “pone en duda la condición de víctima del conflicto armado o de pertenecer a un grupo históricamente marginado de la vida política por cuenta de la guerra”
Puntualmente, las demandas piden anular el acto administrativo que lo incluyó como víctima dentro del Registro Único de Víctimas; el acto que permitió inscribirlo como candidato y el acto que declaró su elección.
Una demanda la radicó Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna–Dilo Colombia, la otra la radicó Blanca Puentes.
Las curules de paz para las víctimas del conflicto se crearon mediante el acuerdo de paz, con el objetivo de darle voz y voto a aquellas personas, que por ser víctimas, han sido marginadas a raíz del conflicto armado.
Las curules revivieron por orden de la Corte Constitucional, que en su fallo, advirtió que esos puestos en el Congreso serían para las víctimas reales del conflicto armado interno y no solo para las certificadas por la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
