Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ordenó abrir una investigación preliminar a los operadores de los 38 municipios, en 14 departamentos, alertados por la Contraloría General sobre presuntos casos de corrupción en la entrega de raciones.
Señaló que de encontrarse pruebas interpondrá denuncias penales y administrativas. Arbeláez aseguró que ya se desplegó un equipo técnico que se encargará de inspeccionar a los operadores.
«Ningún operador puede atreverse a robarse los recursos destinados a proteger y garantizar el bienestar de la niñez. De encontrarse pruebas sobre esta presunta corrupción, interpondré las denuncias penales, y administrativas a las que haya lugar para resarcir los daños tanto al patrimonio como a la niñez colombiana», precisó.
La directora del ICBF indicó que pese a que aún no ha sido oficiada por parte de la Contraloría y tampoco conocen el informe en mención le solicitó al Registrador General, Alexander Vega, hacer una revisión a la base de datos para actualizar el registro.
«Hemos solicitado el cruce de la base de datos de los más de 1.700.000 niños y niñas beneficiarios del Instituto, para corroborar su estado actual. En las próximas horas, con el registrador Alexander Vega, tendremos el reporte final para establecer los casos de los niños fallecidos, si los hubiere. Así mismo hemos desplegado un equipo desde el nivel nacional para acompañar a las territoriales que hoy están bajo la inspección con lupa», manifestó.
Frente a la alerta que emitió la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría donde en algunos regionales particulares como Magdalena, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Cesar, Córdoba y Norte de Santander, al parecer, acudientes aparecen con múltiples beneficiarios, la directora del ICBF argumentó que se trataría de errores en la digitación.
«Hemos hecho una verificación en la que encontramos, por ejemplo, en el caso de Chimichagua, César, la señora María que aparece con 172 beneficiarios y que sólo tiene dos hijos. En el de Magangué, Bolívar con la señora Karen, que tiene tres hijos y aparece con 249 beneficiarios y está el caso del Valle del Cauca en Buenaventura, con el señor Johnny quien es tío de una niña de dos años y aparece con 134 beneficiarios; en todos los casos se constató que hubo un error en la digitación en el mes de abril, pero estos fueron corregidos«.
Arbeláez explicó que «bajo ninguna circunstancia se entregaron canastas nutricionales por el monto total de los beneficiarios que aparecen y nunca se pagaron dichas canastas; por lo tanto, no hubo un detrimento patrimonial».
Frente a la alerta de la Registraduría Nacional de menores o acudientes que aparecen como fallecidos, pero a los que contratistas les habría entregaron ración de alimentos, la directora del ICBF aclaró que, «si fallece el acudiente, pero el niño o niña es menor de cinco años, no pierde los servicios del ICBF, no pierde la ayuda que el Gobierno le da y mucho menos en el marco de esta pandemia».
La directora del ICBF advirtió que, pese a que las primeras indagaciones apuntan a errores de digitación o de actualización de bases de datos, se dio inicio a una investigación en 14 departamentos para aclarar lo sucedido.
