Un intento de un grupo de 24 diputados por frenar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario generó insultos y violencia en el Congreso de Costa Rica, así como un atraso en la discusión de iniciativas para atender la pandemia del COVID-19.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), David Gourzong, agredió físicamente en un despacho del Congreso al asesor legislativo Giancarlo Casasola el martes, según ha denunciado el afectado y su jefe, el diputado Gustavo Viales, también del PLN.
Al parecer el asesor hizo un comentario en un chat privado, que luego se filtró, en el que insultó con la palabra «hps» (hijos de puta) a un grupo de diputados que firmaron una moción para pedir a la Sala Constitucional que postergue por 18 meses la entrada en vigencia del matrimonio igualitario prevista para el 26 de mayo.
Esto habría causado que Gourzong se dirigiera al despacho de Viales y agrediera a golpes al asesor.
Viales expresó este miércoles su «más enérgico rechazo» a la agresión cometida por el diputado Gourzong y aseguró que el PLN «no va a permitir que cualquiera de sus integrantes cometa una manifestación de odio, de violencia y de agresión a otra persona».
Además, Viales, quien también es secretario general del PLN, instó a Gourzong a que enfrente «fuera del partido y de su cargo» la demanda penal que interpondrá este miércoles el asesor.
Por su parte, Gourzong ha anunciado que no renunciará a su cargo, que le confiere inmunidad, y reconoció en un comunicado que «es de humanos equivocarse» y pidió disculpas por lo ocurrido, ya que «ni la violencia verbal ni física es el mecanismo para resolver las diferencias».
El legislador también dijo que demandará al asesor por los insultos en el chat.
Diputados de otros partidos han pedido la renuncia de Gourzong, mientras el caso está en análisis del PLN para determinar eventuales sanciones políticas contra el congresista.
La diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) y expresidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, expresó en sus redes sociales su solidaridad con el asesor Casasola, pues «nadie debería ser víctima de violencia» y lamentó que «un funcionario recibiera golpes de un representante de un supremo poder».
«Nos falta mucho camino por recorrer en empatía y lucha por los Derechos Humanos. Hago un llamado a la reflexión de la magnitud que puede llegar a alcanzar algo como una moción en el Plenario. Es inaceptable que se sigan promoviendo formas de discriminación y división, especialmente en un momento en el que país debe estar unido bajo una misma bandera», aseveró.
El diputado del izquierdista Partido Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que la moción para atrasar el matrimonio igualitario es «politiquera» y un «fraude de ley», que generó la paralización de la discusión de otros temas y abrió espacio a la violencia.
«Los golpes se dirigieron precisamente contra una persona en particular. En otros países eso está tipificado como un crimen de odio, con más razón si la agresión proviene de una figura con poder político que puede ser tomada como ejemplo por terceros», lamentó.
El asunto del matrimonio igualitario fue resuelto por la Sala Constitucional cuando dio 18 meses de tiempo al Congreso para legislar al respecto o de lo contrario quedarán derogados los artículos del Código de Familia y de otras leyes que prohíben este tipo de uniones.
El plazo de 18 meses se cumple el próximo 26 de mayo, fecha en la que está previsto que las parejas del mismo sexo puedan inscribir sus matrimonios legalmente.
Durante estos 18 meses los diputados no han impulsado ninguna ley y un grupo de 24 legisladores pretende con una moción, que aún no ha sido votada, que la Sala Constitucional amplíe ese plazo por 18 meses más.
Según diversos diputados y abogados constitucionalistas este tipo de peticiones no tiene ningún futuro ni sustento legal.
