El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha venido defendiendo en los últimos días la propuesta de amnistía general, que le devolvería los derechos políticos a miles de ciudadanos que han sido condenados por todo tipo de delitos, exceptuando los de lesa humanidad y los de corrupción.
Fuentes informaron a RCN Radio que en los próximos días se tiene previsto que se adelante una reunión entre el presidente Iván Duque y el líder del Centro Democrático para hablar de varios temas,entre ellos, esta iniciativa que ha recibido críticas desde algunos sectores.
Aunque aún no se sabe el día y la hora de este encuentro en el que también participaría el ministro del Interior, Daniel Palacios, las fuentes del uribismo señalan que el mismo se llevaría a cabo esta semana.
El exmandatario está en la búsqueda de un acuerdo político con todos los sectores, incluyendo el Gobierno Nacional, para sacar adelante esta propuesta que tiene como propósito equilibrar las cargas tras los privilegios que recibieron los exjefes de las Farc, que hoy están en el Congreso después de haber cometido crímenes de guerra.
“Integrantes de Farc no van un día a la cárcel y están en el Congreso a pesar de delitos como el secuestro y violación de niños. Un ciudadano que se robó una bicicleta, hecho grave, que haya sido condenado no puede ser elegido. Unos son premiados con impunidad total y otros no tienen la segunda oportunidad que tanto se alega. Se rompe un principio de la justicia: a iguales hechos iguales consecuencias”, dijo Uribe.
Agregó que “el proyecto propone que por una vez se otorgue la oportunidad que condenados y procesados por hechos hasta la fecha que se defina, puedan ser elegidos y tengan un descuento carcelario con excepción de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y corrupción en la contratación pública. El reincidente perdería el beneficio y tendría una pena agravada”.
Adicionalmente, Uribe plantea que para futuras desmovilizaciones de grupos criminales, se pueda utilizar la Ley de Justicia y Paz que plantea sanciones de cárcel entre 5 y 8 años y no permite la elegibilidad política, lo cual garantiza que no haya impunidad.
También plantea que dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pueda crear una sala especial de juzgamiento para los integrantes de la Fuerza Pública, para que quienes hayan sido encarcelados por hechos relacionados con el conflicto, puedan salir si ya cumplieron cinco años.
“Resalto: quien haya causado daño tiene que reparar a las víctimas y pedir perdón como lo exige la ley 975. Es dañino a la convivencia justificar los delitos de unos, darles total impunidad y desconocer a los demás ciudadanos que quieran resocializarse”, insistió.
Por ahora se tiene prevista una nueva reunión entre la bancada del Centro Democrático para seguir puliendo la propuesta de amnistía general, bajo la coordinación de la senadora Paloma Valencia y el representante Gabriel Vallejo.
