Colprensa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió el estudio del proceso por el homicidio del periodista crítico y mediador humanitario Jaime Hernando Garzón Forero, ocurrido el viernes 13 de agosto 1999 sobre las 5:45 de la mañana en Bogotá.
Luego de 23 años del crimen y tras 11 años de análisis la CIDH aceptó la petición que hizo la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organizaciones que han insistido en que debe establecerse la responsabilidad internacional del Estado colombiano en los hechos que rodearon el atentado en el que perdió la vida el reconocido periodista.
«En este Informe, la CIDH desestimó las pretensiones de inadmisión del caso planteadas por el Estado colombiano, con las cuales se buscó mostrar diligencia en avances judiciales a la par que justificar la impunidad, la falta de sanción y judicialización de los responsables, en especial de los altos mandos militares que habrían estado involucrados en el asesinato, y que no han sido sancionados», señalaron las organizaciones de derechos humanos en un comunicado a la opinión pública.
Yormary Ortegón Osorio, presidenta del colectivo José Alvear Restrepo, aseguró que esta es una lucha que tardó más de 10 años pero por fin dio frutos.
«Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos notificó a los familiares y organizaciones acompañantes, la admisibilidad de la petición presentada ante la comisión en el año 2011, por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derecho a la justicia y a la libertad de pensamiento y de expresión violados en contra del periodista Jaime Garzón Forero y sus familiares», dijo.
Por su parte, Marisol Garzón, hermana del reconocido periodista aseguró que «como familia recibimos muy bien esta noticia, nos alegra mucho por qué en 23 años que hemos estado buscando la verdad y especialmente la justicia, no ha habido nada, realmente no estamos satisfechos con lo que ha hecho el Gobierno y con lo que se ha hecho desde la Fiscalía, las investigaciones no han arrojado ningún resultado que no satisfaga como familia».
Agregó que «le damos las gracias a la Comisión Interamericana Derechos Humanos que ha querido fijarse en este caso para que se siga investigando y así poder repararlo no desde lo económico si no desde la verdad, que nos lleva la justicia».
Entre tanto, en el documento con el que se admitió el estudio del caso, el organismo internacional reconoció que a pesar de existir investigaciones penales y decisiones contencioso administrativas, pasaron 23 años desde que ocurrió el crimen sin que se haya identificado, investigado y juzgado a todos los responsables de su asesinato, “ni mucho menos indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil».
Sobre las investigaciones penales señaló la CIDH que “esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos ni de la aportación de pruebas por parte de las víctimas».
Cabe recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la obligación de investigar incluye a la totalidad de los autores materiales e intelectuales, así como a eventuales encubridores.
