Cortolima
La FM de RCN Radio conoció un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en el que se alerta que entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de este año, se han registrado 233 acciones violentas contra el medio ambiente en Colombia, producto de los atentados y ataques cometidos por los grupos armados ilegales.
De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, en promedio, cada tres días se cometió por lo menos una grave afectación a la naturaleza.
En este reporte se señala que las actividades relacionadas con la minería ilegal siguen siendo el factor detonante con el que los grupos armados ilegales atentan contra el medio ambiente.
“Este tipo de afectación representa el 68% de los hechos registrados para el periodo analizado, siendo el Clan del Golfo el principal grupo armado al cual se le atribuyen el 21% de los registros documentados (…) Durante los últimos dos años, ha estado vinculado con numerosos hechos de tala indiscriminada y de actividades de la cadena productiva de la minería ilegal”, indica el informe de la JEP.
En el informe se advierte que, a nivel nacional, las principales afectaciones ambientales se han concentrado en el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste de Antioquia y el Cañón del Micay, enclaves donde convergen importantes economías criminales, como la minería ilegal de oro, el cultivo de hoja de coca y el procesamiento de clorhidrato de cocaína.
Asimismo, subregiones como el Atrato y el Medio San Juan han experimentado serios impactos ambientales, debido a la minería ilegal que ha contaminado los afluentes de los ríos San Juan y Atrato, este último reconocido como sujeto de derechos por la Corte Constitucional en 2016.
La subestructura Carretera del frente Jairo de Jesús Durango se mantiene como el mayor responsable de los impactos ambientales ocasionados por la minería de oro en la subregión del Atrato, en Chocó. “Desde enero de 2023, esta actividad ilícita ha conducido a la deforestación de al menos 34 hectáreas, generando daños en el ecosistema que podrían tardar entre 30 y 40 años en recuperarse», destaca el informe.
También se señala que aunque el ELN sigue siendo el principal responsable de los daños graves, extensos y duraderos sobre la infraestructura petrolera en el nororiente del país, durante el cese al fuego bilateral, entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024, se evidenció una notable disminución de la ataques contra el el Oleoducto Caño Limón Coveñas, evitándose el derrame de al menos 3.180.000 litros de crudo que tendrían un impacto positivo sobre los 53.650 habitantes de las zonas por donde atraviesa el oleoducto.
En la radiografía realizada por la Fiscalía de la JEP se determinó que una vez finalizado el periodo del cese al fuego se reanudaron los ataques ofensivos por las subestructuras coordinadas por el frente de guerra oriental contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas, lo que ha ocasionado el derramamiento de crudo a ríos, quebradas y cuerpos de agua que proveen este recurso a los asentamientos humanos y a las comunidades indígenas de Arauca como el pueblo u’wa y el pueblo hitnü.
“Esa situación es sumamente preocupante pues suele pasarse por alto que los daños territoriales de estos atentados afectan en gran medida a las comunidades indígenas, quienes ven alteradas sus prácticas tradicionales de recolección, así como la vulneración de sus territorios sagrados”, indicó la JEP.
En el caso del frente Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano de la Segunda Marquetalia, es el principal responsable de la extracción de oro en el departamento de Putumayo, principalmente en Puerto Guzmán y Puerto Caicedo.
Igualmente, se destaca que en el caso de las Amazonía los impactos ambientales son atribuidos en especial al bloque Amazonas de las disidencias coordinadas por Iván Mordisco, presuntamente responsables de la deforestación de más de 13.000 hectáreas de selva en el Parque Nacional Chiribiquete.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Mauricio Collazos
