El sistema de Monitoreo de la JEP advirtió que en Colombia se han registrado 238 hechos de graves afectaciones al medio ambiente, luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc.
Según los investigadores, este preocupante balance evidencia que en promedio cada semana se esta registrado un grave hecho de este tipo contra el medio ambiente en el país.
El estudio de la JEP abarca el período comprendido entre el año 2017 y mayo de 2022 y analiza los datos arrojados con las afectaciones que han continuado ocurriendo en el marco del conflicto armado en 12 zonas del territorio nacional.
Los magistrados señalaron que estos graves hechos incluyen contaminaciones de fuentes hídricas y cuerpos de agua, así como daños al suelo, la flora y la fauna en varios territorios del país.
“Estas afectaciones están presentes en 21 departamentos y en 177 municipios de todo el país siendo los afectados Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Santander y Meta”, indica el informe de la JEP.
Así mismo, estos graves hechos están enmarcados en otras conductas criminales como son atentados contra la infraestructura petrolera, la minería ilegal, la tala masiva e indiscriminada de árboles, las actividades asociadas a la producción de base de coca y los incendios que afectan la cobertura vegetal.
En el caso de la afectación a la infraestructura petrolera se estableció que se han registrado 41 ataques principalmente en Norte de Santander, Arauca y Nariño, la mayor parte de ellos en 2019.
En torno a la minería ilegal ha sido el hecho que más afecta el medio ambiente de manera constante en estos años y la mayor concentración de estos hechos se ha cometido en el Bajo Cauca antioqueño y en Chocó.
Además, en el ultimo año se detectó que este tipo de afectaciones se disparó, principalmente por ataques del Clan del Golfo.
Igualmente, la JEP hizo un llamado por la delicada situación de violencia que se vive en nueve de los 43 Parques Nacionales Naturales, en los cuales persisten grupos armados al margen de la ley que, además de cometer acciones directas contra el territorio, también han impedido la labor de funcionarios y líderes ambientales.
