La Jurisdicción Especial para la Paz se reunió con más de 30 familias de 303 víctimas asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate por integrantes del Ejército en Casanare. El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, lideró este encuentro dialógico junto a la magistrada Sandra Jeannette Castro Ospina y los magistrados Óscar Parra Vera y Carlos Suárez López.
Este espacio, que tuvo lugar en Yopal con las víctimas acreditadas en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, se dio con el fin de fortalecer el proceso restaurativo materializado en las iniciativas y proyectos que irán enmarcados en las sanciones propias.
Durante el encuentro, las víctimas expresaron su deseo de verdad y justicia. El presidente de la JEP y la magistratura se comprometieron a avanzar en el proceso restaurativo y a escuchar las inquietudes y solicitudes de las víctimas.
“Llevamos más de 20 años esperando una verdad”, dijo una de las víctimas a la magistratura. “Estoy en este espacio porque dos de mis hermanos fueron asesinados en estas horrorosas prácticas, confiamos en la JEP”, expresó otra víctima en el encuentro.
Al escuchar a las víctimas, el presidente de la JEP les dijo: “Comprendo todo lo que me están diciendo, porque lo he escuchado a lo largo y ancho de toda Colombia. Mi propósito aquí es avanzar con ustedes con los tiempos que se necesitan, sé que son procesos dolorosos, difíciles, y estamos acá para llegar a consensos, para avanzar”.
Durante este diálogo, el magistrado Óscar Parra, relator del Subcaso Casanare del Caso 03, informó que, con relación a la búsqueda de las personas desaparecidas la Jurisdicción prontamente se realizará una mesa técnica entre varios despachos e instituciones para continuar con la búsqueda de las víctimas. Las labores de secretaría técnica las ejercerá la Secretaría Ejecutiva de la JEP.
Al finalizar este encuentro, el presidente de la JEP informó los compromisos asumidos por la Jurisdicción para avanzar con las solicitudes de las víctimas. Entre ellos, destacó que la magistratura requerirá a la Unidad de Investigación y Acusación para que haga los estudios de seguridad pertinentes para proteger a las víctimas y avanzará procesos de articulación con la Unidad para las Víctimas para dar celeridad a los requerimientos de las víctimas.
La JEP realizará un rastreo para identificar los casos en los que la verdad está en construcción y avanzará en ello en las audiencias, priorizando a víctimas de la tercera edad. También se buscará fortalecer el equipo psicosocial para brindar apoyo a las víctimas.
Por otro lado, el presidente de la JEP anunció la creación de una mesa técnica regional con vocerías de las víctimas y las entidades responsables, con el acompañamiento del Ministerio de Justicia y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, para avanzar en las iniciativas restaurativas siguiendo los parámetros estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Sobre la devolución de las medallas por parte de los máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combare, el magistrado Ramelli, precisó a las víctimas que analizará la posibilidad de vincular al Ministerio de Defensa para que el acto se haga en los términos que las víctimas proponen.
Al cierre de este encuentro, el presidente de la JEP anunció que la magistratura hará un último llamado a los comparecientes, en el que transmitirá las inquietudes de las víctimas y reiteró que “los beneficios que recibieron no son regalos, vamos a hacerles un llamado de atención, o cumplen con lo acordado o van a perder los beneficios”.
Sobre el Subcaso Casanare del Caso 03
De las más de 500 víctimas acreditadas por la JEP en Casanare, 450 son del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que, entre 2005 y 2008, integrantes de la Brigada XVI y de varios batallones de la región, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles asesinaron a 296 personas en 17 municipios de Casanare, tres de Boyacá, dos de Meta y uno de Arauca.
Por estos hechos, la sala imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos civiles. La sala estableció que los comparecientes imputados presentaron a personas asesinadas en estado de indefensión como dadas de baja en combate, en una práctica sistemática y generalizada consistente en la presentación de resultados operacionales ficticios.
