El accionar de esta estructura, denominada Los Traficantes, fue conocido por la Fiscalía Seccional Boyacá, la cual realizó la investigación que determinó que sus integrantes se dedicaban al hurto, especialmente a residencias.
Asimismo, se evidenció que cada uno de ellos tenía un roll específico; así mientras que algunos se encargaban de ingresar a los inmuebles otros vigilaban —actividad conocida como “campaneo”—, con el fin consumar el delito y evadir a las autoridades.
En la investigación también se estableció que la organización aprovechaba el conocimiento de diferentes ciudades, teniendo en cuenta el origen de sus miembros, para delinquir en municipios de Boyacá, como Duitama, Sogamoso, Nobsa, Belén, Soatá, Susacón y Covarachía; también en jurisdicción del departamento de Santander como en Málaga y Capitanejo, y en Casanare, donde afectaron los municipios de Tauramena y Yopal.
Adicional a los hurtos, se conoció que la estructura comercializaba sustancias estupefacientes y traficaba armas de fuego.
Como parte de la indagación para determinar el alcance de Los Traficantes, desde que la Fiscalía tuvo conocimiento de la estructura, previa autorización por parte de un juez, se interceptaron comunicaciones, logrando obtener más de 15.000 audios, en 15 líneas telefónicas, que permitieron vincular a las personas capturadas en las actividades ilícitas.
Ante el material probatorio presentado por la Fiscalía y luego de declarar la legalidad de las 13 capturas y los 10 allanamientos, nueve de los integrantes de la organización criminal aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y agravado.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento para todos los procesados.
