Es investigada por aportes de Odebrecht a sus campañas electorales, pero hay nuevos elementos para abrirle otra investigación.
Keiko Fujimori saldrá en libertad tras permanecer más de un año encarcelada después de que el Tribunal Constitucional peruano aceptara anular la prisión preventiva dictada en su contra mientras se le investiga por un presunto lavado de activos vinculado con aportes de la empresa Odebrecht.
Fujimori no saldrá de la cárcel de mujeres de Lima donde se encuentra recluida al menos hasta el jueves, cuando se formalicen los plazos legales y se publique la resolución adoptada por el Constitucional (TC).
Aunque la anulación de la prisión preventiva era algo que casi todo el mundo en Perú esperaba y daba por hecho, lo que sorprendió fue la rapidez con la que los siete jueces del organismo, que votaron divididos 4-3 por la liberación, anunciaron una decisión que no se esperaba que se produjera al menos hasta el viernes.
Ni absuelta ni condenada
La medida del TC, como bien lo dijo el presidente del organismo, Ernesto Blume, no implica que Fujimori haya sido «absuelta o condenada» del delito de lavado de activos vinculado con presuntos aportes ilegales de Odebrecht por el que es investigada y que la ha mantenido en prisión preventiva durante 13 meses.
«No se ha juzgado el tema de fondo de la ciudadana Fujimori, el TC no ha declarado su absolución ni la ha condenado, eso es responsabilidad del Poder Judicial exclusiva, y eso lo respetamos de forma escrupulosa», afirmó en repetidas ocasiones Blume.
Así, esta resolución solo implica que la líder fujimorista seguirá en libertad mientras se investiga, tal y como sospecha la Fiscalía, si recibió dinero en efectivo irregular de la constructora Odebrecht para financiar sus campañas electorales en 2011 y 2016, y montó un entramado en el seno de su partido para ocultar y blanquear el origen de esa financiación.
Los argumentos que Blume aportó al presentar la decisión, que no se conocerán completamente hasta que la sentencia se haga pública, apuntan a que la prisión preventiva fue anulada porque se vulneró «el derecho fundamental» a la libertad de Fujimori pese a que la decisión judicial fue sostenida en primera instancia, en la cámara de apelaciones y por el Tribunal Supremo.
Nuevos elementos
Fujimori saldrá a la calle en medio de un contexto adverso en las investigaciones, después de que en las últimas semanas la fiscalía encontrara un nuevo sesgo que parece complicar su posición.
Pese a que Fujimori y sus colaboradores afirmaron una y otra vez desde que se iniciaron las pesquisas en su contra que los aportes a su campaña había sido todos debidamente registrados, procesados y documentados, una oleada de recientes confesiones de empresarios peruanos obligó a la defensa a cambiar el argumento y reconocer «donaciones» secretas.
Dionisio Romero, presidente del directorio de Credicorp, uno de los principales grupos empresariales del país, fue el primero de una cada vez mas larga lista de empresarios en revelar el pago de fondos para Fujimori y descabalgó así varias tesis que hasta ahora defendía la política, al probar que ella efectivamente sí controlaba la gestión financiera de su partido y que también recibía habitualmente dinero de forma irregular.
Esos dineros, que no tienen que ver con los pagos supuestamente realizados por Odebrecht por el que ahora es investigada, abren nuevas vías para otra investigación fiscal sobre sus finanzas personales por presunta evasión tributaria y lavado de activos.
Filtraciones y huelgas de hambre
Precisamente este lunes, apenas dos horas antes de saber que sería liberada, Fujimori se reservó su derecho a guardar silencio en un interrogatorio por estas nuevas revelaciones, argumentando que «no existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso».
«No es casualidad que haya programado mi declaración en la semana decisiva que el TC (Tribunal Constitucional) está debatiendo mi libertad», señaló Fujimori, en defensa de la tesis que esgrime desde que está en prisión de que es víctima de una persecución política y de que la Fiscalía filtra constantemente declaraciones de testigos protegidos para complicar su liberación.
Precisamente Mark Vito, esposo de Fujimori, denunció «el circo mediático» que la Fiscalía había creado con sus «filtraciones» para perjudicar a su esposa e inició una huelga de hambre y una acampada ante el penal donde está recluida para pedir por su liberación.
El magistrado Blume, a quien los medios peruanos identifican como próximo al fujimorismo, apuntó durante la presentación de la decisión del tribunal que «la justicia mediática no es justicia» y que la única forma de actuar contra la corrupción es llevar a cabo «una lucha constitucionalizada» contra esa lacra.
