Un profesor de inglés, un cantante de un centro comercial, un músico que formaba parte de un programa juvenil emitido en una emisora de la ciudad y un conductor que las recogía y llevaba a sus clientes fueron plenamente identificados por la Fiscalía CAIVAS, como los responsables de la comercialización de actos sexuales con mayores de edad, de niñas de entre 13 y 15 años de un colegio del oriente de Villavicencio ( Meta).
Con base en denuncia instaurada por familiares, de por lo menos 4 víctimas, por hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2016 fueron presentados ante el Juzgado 1o Penal Ambulante con función de control de garantías Yesid Bernal Leal de 60 años, profesor; Carlos Andrés Agudelo Roldán de 29 años, conductor; Henry Mauricio Pérez Alvarado de 42 años, cantante y Robinson Jair Céspedes Rodríguez de 23 años, músico y trabajador en emisora local a quienes les fueron legalizadas las capturas.
Los detenidos fueron capturados por Servidores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de militares del Gaula de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, de manera simultánea en vía pública, de varios sectores de la ciudad.
Según lo investigado por la Fiscalía, estás personas se encargaban de contactar menores de edad para ofrecerles pago por relaciones sexuales, vender su virginidad y conseguir otra niñas, a cambio de dinero, entre 20 y 100 mil pesos, por cada acto sexual ilegal.
Las menores eran conducidas a una finca del profesor, en área rural del oriente de la capital del Meta, donde eran inducidas al consumo de estupefacientes y además, promovieron la conformación de un grupo por medio de WhatsApp llamado » las muñecas de la mafia», a través de la cual las contactarían cuando tuvieran clientes.
Cabe anotar, que 2 de los detenidos sostuvieron relaciones sexuales con las víctimas.
En desarrollo de las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por los delitos de demanda de explotación sexual; de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; suministro de sustancias alucinógenas; proxenetismo; utilización de medios técnicos para la solicitud de demanda sexual; utilización de menores para cometer delitos en calidad de autor y cómplices, cuyas penas oscilan entre 9 y 37 años de prisión.
Frente a la presentación de pruebas como interceptación de llamadas, fotografías y vídeos los detenidos no se allanaron a cargos.
Ante la gravedad de los delitos endilgados contra los detenidos, el Juzgado ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra, en centro carcelario.
