En 2012, la Corte Internacional de Justicia definió la soberanía de Colombia sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero también la de Nicaragua sobre una porción del maritorio, así que el mapa cambio y más de 70.000 kilómetros cuadrados se le atribuyeron a Managua.
En su momento, el entonces presidente Juan Manuel Santos rechazó el fallo, que según indicaron algunos expertos fue mal entendida como una derrota.
La tensión aumentó, luego de que Nicaragua demandara a Colombia por supuestamente incumplir el fallo de la Corte. Así las cosas, le solicitó pronunciarse por conductas referentes sus agentes en espacios marítimos, al decreto de la zona contigua y la oposición a implementar la sentencia.
Ante esta pretensión, Colombia espera respuesta de dos de sus contrademandas; sobre las líneas de base de Nicaragua y sobre los derechos históricos de pesca de la comunidad raizal, que de no ser reconocidos podrían en riesgo a más de 35.000 familias.
Si bien la decisión no pone en riesgo ni la soberanía ni los límites marítimos, si busca establecer si alguna de las dos naciones no ha respetado el fallo de noviembre de 2019, donde Colombia perdió parte del Mar Caribe.
Así las cosas, se espera que la sentencia de la Corte entregue una guía para poder aplicar el fallo que emitió en el año 2012.
