La Policía Federal de Brasil (PF) presentó un extenso informe de 884 páginas que contiene nuevas pruebas sobre el presunto intento de golpe de Estado denunciado por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. En el documento, se acusa al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas, incluidos altos funcionarios de su gobierno, de planificar y ejecutar acciones para subvertir el Estado democrático de derecho y evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.
Entre las evidencias destacadas se encuentra un diario hallado en la casa del general Augusto Heleno, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) de Bolsonaro. Este documento contenía directrices explícitas para difundir desinformación sobre las máquinas de votación electrónica y promover un discurso de fraude electoral, estrategia que, según el PF, buscaba generar indignación entre los seguidores del expresidente. En una de las notas, Heleno sugiere: «Es válido seguir criticando la máquina de votación electrónica» .
Además, la investigación reveló un plan denominado «Operación 142» , encontrado en el escritorio de un asesor del general Braga Netto , exministro de Defensa y mano derecha de Bolsonaro. Este plan detallaba acciones golpistas como la activación del artículo 142 de la Constitución para justificar la intervención militar, la anulación de elecciones , la prórroga de mandatos y la reorganización del Tribunal Superior Electoral (TSE) . En el texto, se afirmaba: «Lula no subirá la rampa» .
Implicación de militares y uso de recursos del Estado
El informe también señala la participación de militares de las Fuerzas Especiales del Ejército en la operación «Punhal Verde Amarelo», que incluyó la planificación de detenciones y ejecuciones de autoridades , como Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro Alexandre de Moraes. Según el documento, estos equipos monitorearon a Lula durante al menos dos meses después de las elecciones, utilizando recursos del Batallón de Acción y Comando (BAC) .
Un hecho especialmente grave es que el general Mário Fernandes , vinculado al plan golpista, imprimió un documento con instrucciones para el asesinato de Lula y otras figuras políticas en el Palacio de Planalto antes de reunirse con Bolsonaro en la residencia presidencial.
Acciones legales en curso
La PF ya entregó el material recopilado a la Procuraduría General de la República (PGR) . El procurador general, Paulo Gonet , evaluará ahora las pruebas para decidir si formula una denuncia formal contra los acusados, solicita nuevas diligencias o archiva el caso.
Las defensas de Bolsonaro y de los demás imputados han negado cualquier participación en estas tramas, calificando las acusaciones como infundadas. Sin embargo, las pruebas presentadas por la PF, que incluyen diarios, notas manuscritas y registros de monitoreo, complican la situación legal del expresidente y su círculo cercano.
Un panorama tenso para la política brasileña
El informe ha profundizado la polarización política en Brasil. Mientras sectores de la oposición exigen que Bolsonaro y sus aliados sean llevados ante la justicia, sus seguidores denuncian una supuesta persecución política por parte del STF y el gobierno de Lula. Este caso podría convertirse en un punto de inflexión para el país, con posibles repercusiones en la estabilidad institucional y el futuro de la derecha brasileña.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Juan Camilo Cely
