El Gobierno se pronunció luego de que la Procuraduría solicitara una investigación disciplinaria contra una jueza que otorgó la libertad a dos jóvenes involucrados con hechos de violencia durante las manifestaciones, por no haber convocado una audiencia pública antes de tomar la decisión.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, le salió al paso a esta polémica y dijo que la queja del Ministerio Público no se trata de un cuestionamiento a la facultad que tiene el presidente Gustavo Petro para designar voceros de paz.
Según Prada, se trata de un cuestionamiento al procedimiento empleado por la funcionaria judicial para tomar la decisión y explicó en qué términos se presentó la solicitud.
“La procuradora solicita a los jueces de la República que le permitan en un caso concreto en Bogotá intervenir, porque que en el centro de reparto que tiene el Consejo Superior de la Judicatura durante los últimos 20 años se han ordenado las libertades que provienen de facilitadores, de gestores de paz, de gestores de convivencia y ahora de estos voceros de paz, de tal manera que ha sido una instrucción que se cumple de forma inmediata y no es una decisión que se debata judicialmente”, señaló.
“Es una solicitud que hace el procurador delegado durante el proceso ante la instancia judicial que toma las decisiones, no es un cuestionamiento para nada a las facultades que tiene el presidente y tampoco al procedimiento de nombramientos de vocerías de paz”, añadió.
Sobre el caso de los voceros de paz designados en la ciudad de Popayán, a los cuales se les negó la libertad, el ministro del Interior aseguró que fue un trámite que se enredó porque antes de recibir la designación, las dos personas ya habían. solicitado la sustitución de la medida y la misma fue negada.
