Tras años de intensas negociaciones, marcadas por la crisis migratoria de 2015 con miles de llegadas irregulares desde Siria y Afganistán, la Unión Europea está a punto de adoptar un renovado pacto sobre migración y asilo que ha despertado fuertes reacciones tanto de apoyo como de crítica. Los ministros de la UE, reunidos en Bruselas, están dando los últimos toques a una serie de reformas que podrían redefinir la política migratoria del bloque.
La reforma, que fue aprobada por el Parlamento Europeo el mes pasado, incluye la creación de nuevos centros fronterizos para acoger a inmigrantes irregulares mientras se procesan sus solicitudes de asilo y busca acelerar las expulsiones de aquellos que sean considerados inadmisibles.
Este sistema exige además que todos los estados miembros compartan la responsabilidad de acoger a solicitantes de asilo, ofreciendo a los países «de primera línea», como Italia y Grecia, un alivio tangible, o en su defecto, proporcionar recursos financieros si optan por no acoger a los migrantes directamente.
Sin embargo, esta propuesta ha encontrado resistencia. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, criticó el nuevo sistema que, según él, impone obligaciones desproporcionadas a ciertos países, mientras que Amnistía Internacional advirtió que la reforma «conducirá a un mayor sufrimiento humano«, aludiendo a los riesgos y desafíos que enfrentan los migrantes en los centros fronterizos y durante el proceso de deportación.
Adicionalmente, algunos países miembros están explorando la posibilidad de intensificar los acuerdos con naciones terceras para procesar solicitudes de asilo fuera del bloque europeo. Dinamarca y la República Checa lideran una iniciativa para enviar a migrantes recogidos en el mar a países no pertenecientes a la UE, en un esfuerzo por gestionar las llegadas de una manera que consideran más sostenible.
Italia, por su parte, ya estableció un acuerdo con Albania para tramitar las solicitudes de asilo de migrantes rescatados en aguas italianas.
A pesar de estas iniciativas, expertos como Camille Le Coz del Migration Policy Institute Europe señalan que existen «muchas dudas» sobre la viabilidad y legalidad de estos acuerdos. Según la legislación de la UE, los inmigrantes solo pueden ser enviados a un tercer país si tienen vínculos suficientes con dicho país, lo que descarta programas como el acuerdo del Reino Unido con Ruanda, y plantea preguntas sobre cómo se implementarían los acuerdos de externalización propuestos por la UE.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Juan Camilo Cely
