Durante un foro, el registrador Nacional, Alexander Vega, le informó a los gobernadores del país, que la Ley de Garantías tiene sus días contados y que si se aprueba el proyecto de reforma electoral, antes de terminar el año, para las próximas elecciones no regirá esta norma.
La Ley de Garantías fue creada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales ad portas de unas elecciones.
El registrador Vega reveló que fue presentada una proposición, ante las comisiones primeras del Congreso de la República, en ese mismo sentido que lleva el aval del Gobierno Nacional para que sea incluida en la discusión de la reforma electoral.
«Cumpliendo con el plan de reactivación económica, el Presidente de la República tomó la iniciativa y, a través de una ponencia avalada entre las comisiones primeras de Cámara de Representantes y Senado de la República, se está determinando la eliminación de la Ley de Garantías”, señaló el Registrador Nacional.
“Si las cosas se dan en el tiempo, y el código se aprueba antes del 30 de noviembre y pasa el examen de la Corte Constitucional, no habrá Ley de Garantías el otro año”, afirmó Vega Rocha.
En su intervención ante los mandatarios territoriales, el Registrador Nacional señaló que la aprobación de la reforma electoral va por buen camino y confía que el proyecto no tendrá mayor oposición en el Congreso de la República.
El Registrador Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior, radicaron ante el Congreso de la República un proyecto de reforma electoral que busca modificar el viejo código de 1986.
El proyecto propone establecer la implementación de cuatro modalidades de voto: la ampliación de la jornada electoral, la formalización del transporte público gratuito el día de la elección, la cédula de ciudadanía digital, la creación del concepto de domicilio electoral, la eliminación del periodo de inscripción de cédulas, entre otros aspectos.
Este proyecto de reforma electoral establece la exclusión del criterio partidista para la designación de los jurados de votación, el aumento de cuota de género al 40% en listas de candidatos, la instalación de nuevos puestos de votación y la utilización de tecnologías amigables con el ambiente.
