Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara continuarán el próximo lunes con la votación del proyecto de ley de orden público que le da facultades al presidente de la República, para implementar la denominada ‘paz total’.
En el marco de la discusión del proyecto, el Centro Democrático se mostró preocupado porque la iniciativa podría darle algunos beneficios a los disidentes de las Farc.
Según el representante Hernán Cadavid, el proyecto contendría un ‘mico’ que podría garantizarle a los desertores del proceso de paz que no sean extraditados.
“Para primer debate aparece que quienes permanezcan en los listados de las Farc, porque puede que hoy haya disidentes que todavía estén en listados acreditados por el alto comisionado para la Paz y sobre esa base, entonces podrían protegerlos de una posible extradición”, indicó.
“Yo estoy seguro que si uno hace una verificación del listado que todavía tiene la oficina del alto comisionado para la paz y que son 13.000 personas, hay sujetos ahí que están en las disidencias”, agregó.
Advirtió que si la norma se aprueba tal como está, las órdenes de extradición no podrían operar para los miembros de las disidencias que estén en ese listado, que abandonaron el proceso de paz y ahora hacen parte de grupos criminales que viven del narcotráfico.
A nombre del Centro Democrático, Cadavid pidió que esta posibilidad sea eliminada de la Ley de Orden Público para evitar que se presenten estos beneficios a personas que incumplieron los compromisos plasmados en el Acuerdo de Paz.
De igual forma, el congresista advirtió que la ley contiene otra perla que permitiría a las ONG que hoy son cercanas al Gobierno, tener contacto directo con los grupos armados ilegales, cuando esa facultad solo está limitada para miembros del Gobierno y para organismos internacionales.
“Habría un claro conflicto de interés porque Danilo Rueda, antes de ser comisionado de paz, venía de ser miembro de la comisión intereclesial, visitaba cárceles con el argumento de la protección de los derechos humanos. El riesgo es que están legislando en causa propia, porque no están buscando beneficiar a una ONG que sea contraria al Gobierno, sino a los que ahora son gobierno”, sostuvo.
Se espera que la ley de orden público quede aprobada en su primer debate este lunes y a finales de octubre pueda salir adelante en las plenarias de Senado y Cámara.
