Las autoridades lograron liberar a cuatro colombianas que eran obligadas a prostuirse en España, en una operación en la que detuvo a una mujer de origen colombiano.
Según informó este martes la Policía española, la detenida, de 39 años, quedó a disposición de un juzgado acusada de un delito relativo a la prostitución, por presuntamente explotar a estas mujeres obligándolas a prostituirse en viviendas de alquiler que eran utilizadas como burdeles.
La detención se produjo en una localidad de la provincia española de Almería (sur), donde las víctimas ejercían la prostitución de manera itinerante en esas viviendas, por servicios que se ofertaban a través de varias webs, de acuerdo a un comunicado de la Policía.
Las víctimas rescatadas en la denominada Operación Lobo eran captadas dada la precariedad económica que sufrían y su situación de irregularidad administrativa en España, según el comunicado.
Cabe recalcar que hace unas semanas la Policía Nacional logró la desarticulación de una organización delincuencial dedicada a la trata internacional de personas, en la modalidad de explotación sexual. Los operativos se realizaron en Pereira en Risaralda, San Juan de Urabá, en Antioquia y Villavicencio en el Meta, donde se hicieron efectivas cinco órdenes de captura.
Según el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, está investigación inició luego de la denuncia de una colombiana repatriada desde Guangzhou en China, a quien mediante engaños le ofrecieron empleo como dama de compañía en esta ciudad, con un salario aproximado de 3.000 dólares mensuales.
De acuerdo con el relato de una de las victimas, todo cambió cuando ella arribó al país asiático, pues fue sometida al ejercicio de la prostitución. Las labores investigativas establecieron que, una vez las mujeres llegaban al destino escogido por sus victimarios, eran entregadas persona encargada de recibir los pagos por explotarlas sexualmente en sitios privados de lenocinio.
Esa misma persona les informaba a las víctimas que habían adquirido una deuda de 20.000 dólares, por concepto de tiquetes aéreos, documentación y pasaporte, y que su obligación era pagarla a toda costa, para evitar represalias contra sus familias en Colombia.
