La vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, en una entrevista en EL TIEMPO (22 de junio de 2020), aseguró que “no existe un patrón criminal hacia la población reincorporada” y que, en cerca de la mitad de los casos en los cuales el esclarecimiento ha avanzado, “la causa ha sido distinta a ser excombatiente”.
Esta afirmación es preocupante, pues si no existen patrones criminales identificados, es muy difícil garantizar la seguridad de los desmovilizados de las Farc. Más de 200 han sido asesinados, de acuerdo con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Aun cuando estamos lejos del número de exmiembros de las Auc acribillados –más de 2.000 desde 2003 según la Agencia para la Reincorporación– debemos parar ya el desangre.
¿Qué se entiende por “patrones criminales”? Según Christopher Bruce, un patrón criminal se define con base en tres factores: (a) Por la coincidencia en los modus operandi, los cuales son detectados mediante una revisión de los reportes policiales; (b) por la proximidad geográfica de los hechos delictuales (hot places), detectados mediante un “mapeo criminal”, y (c) por el volumen excepcional de hechos similares en un mismo espacio geográfico, según un “análisis de umbral”, gracias al uso de métodos estadísticos.
De acuerdo con los estudios criminalísticos, en muchos casos es posible que no haya un conocimiento previo entre el victimario y las víctimas. Por ejemplo, un violador en serie que las escoge al azar.
Pero es muy improbable que este sea el caso de los desmovilizados, dado que los atentados están dirigidos contra personas que juegan un papel específico en una región o en un aparato político o social. Es lo que se denomina “objetivos calientes” (hot prey).
Contra sindicalistas
Es importante recoger experiencias exitosas. Hace dos décadas se presentó una grave ola criminal contra sindicalistas en todo país. Entre 2000 y 2002 hubo más de 500 homicidios.
Esta ola criminal condujo a una mayor atención institucional. En el 2000 se incluyó en el Código Penal como una circunstancia de agravación punitiva los crímenes contra dirigentes sindicales, la cual se amplió en el 2009 para todo miembro de un sindicato reconocido. En el 2006 se creó en la Fiscalía una unidad especial encargada de este tema y adscrita a la Unidad Nacional de DD. HH. y DIH.
Así mismo, la Fiscalía, el Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el acompañamiento de ONG y centrales obreras, iniciaron un trabajo coordinado para definir los patrones criminales.
Para ello, se llevaron a cabo análisis de contexto, la determinación de móviles, se definieron los procedimientos más adecuados para la investigación y la judicialización de los responsables, se priorizaron los casos de acuerdo con su gravedad e impacto y, finalmente, se adelantó una imputación por arriba, para poder condenar a los responsables intelectuales y no limitarse a los ejecutores materiales.
Mediante este trabajo conjunto se logró identificar dos patrones criminales básicos: de un lado, la conversión de los sindicalistas, por el hecho de su actividad, en objetivos militares; y, de otro, la utilización de ciertas estructuras armadas para acallar la labor sindical.
En los análisis se logró determinar que el 53,2 % de los crímenes habían sido perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Su desmonte entre 2004 y 2005 permitió revertir la tendencia de manera progresiva.
Según la Escuela Nacional Sindical, hubo 53 homicidios en el 2010 y 31 en el 2011 y la tendencia siguió en caída gracias a una política mejor cimentada. Este modelo debería ser revivido.
Con base en la experiencia de la desmovilización de las Auc quisiera ofrecer algunas pistas para la definición de los patrones criminales hacia los exmiembros de las Farc.
‘Fronteras invisibles’
Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que la ocurrencia de los hechos hoy –como ya ocurrió en las zonas en que se asentaron las disidencias de las Auc– está circunscrita a determinadas regiones que tienen rasgos similares: se trata de zonas periféricas, con presencia de diversas formas de economía ilegal y de grupos armados (Eln, disidencias de las Farc y de las Auc, y nuevos grupos criminales) que buscan crear áreas de control exclusivo mediante el dominio total de la población.
Baste decir que el 50 % de los homicidios de ex-Farc han ocurrido en seis municipios: Ituango y Peque, Antioquia; El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte, Nariño.
En este contexto es posible determinar la existencia de lo que creemos son los principales “patrones criminales” en el asesinato de desmovilizados de las Farc: a) los que están encabezando una lucha contra la minería ilegal, b) los que están liderando una lucha a favor de la sustitución de los cultivos ilegales, c) los que están desarrollando una lucha a favor de la restitución de tierras ocupadas ilegalmente, y d) los que disponen de información que implicaría a reincidentes o terceros civiles en la comisión de graves violaciones a los DD. HH. o en el funcionamiento de las economías ilegales.
Texto realizado por Eduardo Pizarro Leongómez/ Artículo tomado de EL TIEMPO.
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