El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó la situación que vive su país por la pandemia de covid-19 como «el mayor genocidio de nuestra historia» y responsabilizó de ello al actual mandatario Jair Bolsonaro.
«El martes murieron en Brasil 3.158 personas a consecuencia de la covid. Es el mayor genocidio de nuestra historia», afirmó Lula, en una entrevista al semanario alemán «Der Spiegel», la primera que concede a un medio internacional desde que el Tribunal Supremo anuló la condena por corrupción que pesaba sobre él.
Bolsonaro «no se tomó en serio» la gravedad de la pandemia y «mintió» a sus ciudadanos, prosigue el expresidente, que lo responsabiliza así de la situación actual.
«Si tuviera algo de grandeza se habría disculpado ante las familias de los más de 300.000 muertos por la covid. Él es el responsable de lo ocurrido», insiste, para sentenciar que Brasil no debería seguir siendo gobernado por «ese hombre».
Lula tiene abierta la posibilidad de desafiar a Bolsonaro en las presidenciales previstas para el próximo año, a raíz de la decisión del Supremo anulando su condena, recuerda ese medio.
«Der Spiegel» alude asimismo a la decisión del Supremo de Brasil, el pasado martes, según la cual el exjuez Sergio Moro no actuó con «imparcialidad» en uno de los juicios contra Lula, quien reclama que se imparta ahora justicia contra éste y contra la fiscalía que intervino en su proceso.
«Hubo un pacto entre la justicia y algunos medios para apartar a la presidenta Dilma Rousseff de su cargo e impedir además mi candidatura para las elecciones de 2018″, asegura Lula, quien pasó 18 meses en prisión hasta salir finalmente de la cárcel en noviembre de 2019.
Ese periodo en prisión le impidió presentarse a las elecciones de 2018, que ganó Bolsonaro. Con la decisión ahora del Supremo ha recuperado sus derechos políticos.
Brasil superó esta semana la máxima de 3.000 muertes diarias por la pandemia, lo que ha acrecentado las presiones sobre Bolsonaro, quien de llamar «gripecita» a la covid ha pasado ahora a buscar un «pacto institucional» con el Parlamento y la Corte Suprema.
