La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial con apoyo de la Policía Nacional, con el fin de canalizar las más de 2.000 denuncias que se han recibido desde la vigencia de la ley de maltrato animal de 2016.
La nueva unidad denominada Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA), la integran 38 Fiscales a nivel nacional, 38 investigadores del CTI y 44 agentes de la Policía Nacional.
Este nuevo grupo atenderá exclusivamente este tipo de denuncias, para permitir una investigación concentrada y una judicialización oportuna conforme a la ley de maltrato animal, en donde estableció penas por este delito que van entre 12 y 36 meses de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, a la línea 123 se reportan casos en donde las víctimas no solo son animales de compañía, sino también animales silvestres.
Los investigadores también hicieron una radiografía de las zonas el país con mayor número de denuncias por maltrato animal y ubicaron a Bogotá en el primer lugar con 146 casos, seguido por Medellín con 72, Cali con 62, Barranquilla con 51, Bucaramanga con 49, Pasto con 48, Cúcuta con 37, Popayán con 32, Pereira con 28 y Cartagena con 27.
De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en el transcurso de 2019 han sido capturadas 143 personas por incurrir en el delito de maltrato animal y otras actuaciones ilícitas como el tráfico de especies.
Condenas destacadas
La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía 59 seccional de Bogotá, permitió que dos jueces condenaran a igual número de personas como responsables del delito de maltrato animal del que fueron víctimas dos perros y un gato.
El pasado 19 de noviembre un juzgado de Bogotá condenó a 29 meses de prisión al médico cirujano Carlos Alberto Mora Alape, quien fue denunciado por el delito de maltrato animal, por haber agredido a dos perros de una vecina tras propinarles varias patadas.
Otro juez de conocimiento de Bogotá condenó a 8 meses y 15 días de prisión a Jonathan Mahecha Velandia, que fue denunciado por su expareja sentimental, debido a que en un ataque de ira asesinó a la gata de su entonces compañera.
La sentencia condenatoria también dispone que durante el periodo de la condena, el implicado no pueda desempeñarse en funciones públicas. La Fiscalía agregó que en ambos casos se decretó el pago de una multa económica tasada en varios salarios mínimos vigentes.
