La FM de RCN Radio conoció en exclusiva algunos detalles del seguimiento a la alerta temprana 030 del 2023 de la Defensoría del Pueblo, sobre los riesgos electorales en la jornada prevista el próximo 29 de octubre en el país.
A once días de las elecciones, la entidad afirmó que el riesgo electoral se ha agravado debido al aumento de conductas vulneratorias registradas entre enero y septiembre, con especial preocupación en el período comprendido entre agosto y septiembre de este año.
La Defensoría aseguró que no hay una respuesta estatal clara frente a las poblaciones que presentan mayor riesgo. «La respuesta estatal es reducida y sin claridad en las acciones de protección a la población en riesgo y en acciones preventivas», destaca uno de los apartes del documento.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo advirtió que más del 50% de las entidades no respondieron de manera directa a las medidas de prevención y protección necesarias.
Los 10 departamentos más afectados y con riesgo alto para las elecciones son Norte de Santander, Cesar, Tolima Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Magdalena, Cauca y Chocó, con un total de 244 municipios.
Cabe destacar que la Defensoría concluyó que es lamentable que no haya una fuerte articulación entre las entidades principales y las asociadas, para crear estrategias de prevención.
La entidad también denunció una falta de comunicación entre entidades y de efectividad estatal frente a los riesgos electorales.
La Defensoría del Pueblo identificó más de 370 casos de conductas vulneratorias entre enero y septiembre del 2023, al tiempo que agregó que 204 de esos casos, se reportaron entre agosto y septiembre.
Esa entidad señaló que varios miembros de partidos o movimientos, veedores ciudadanos, personas defensoras de Derechos Humanos, firmantes de Acuerdo de Paz, servidores públicos, población étnica, mujeres y otros, son la población en especial condición de riesgo.
Finalmente, se detalló que entre los elementos que componen el riesgo advertido está la presencia, accionar, tránsito y control de grupos armados ilegales, además de la baja coordinación institucional para atender esas problemáticas.
Estas son las conclusiones de la Defensoría del Pueblo:
