En las últimas horas se conoció un contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por la suma de $125 millones con la firma consultora Mckinsey & Company Colombia INC, para analizar el legado que dejará el presidente Gustavo Petro una vez finalice su mandato.
El objeto de dicho contrato es llevar a cabo “la implementación de un taller de planeación estratégica para apoyar el equipo de Gobierno para priorizar las principales metas del Legado de Programas de Gobierno del presidente de la República”, cita el documento.
Lo anterior, justificado en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
Dicho taller se desarrollará durante este viernes en la hacienda Hato Grande, ubicada al norte de la capital del país. En este evento participarán el presidente Gustavo Petro, todos sus ministros y los altos funcionarios de Gobierno.
En el documento del Dapre, entidad dirigida por Mauricio Lizcano, también se lee que “se pretende desarrollar una revisión de pilares estratégicos que constituya la planeación de las prioridades del Gobierno, necesarias para desarrollar las transiciones que lleven al país hacia la consolidación del Pacto Histórico”.
Sin embargo, es importante aclarar que esta es la misma firma contratada por el ex presidente Iván Duque para el mismo fin y que sus encuentros, también en la hacienda de Hato Grande con su equipo ministerial y de Gobierno, se realizaban cada año, en el mes de enero.
Así las cosas, dicho contrato no es nuevo, sino que corresponde a un ejercicio que desde hace varios años ha desarrollado la firma consultora Mckinsey & Company Colombia INC, solo que hasta ahora se conoce dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Si bien es común que los presidentes y sus gabinetes contraten este tipo de asesorías y de firmas analistas con el fin de encaminar sus estrategias de Gobierno, este contrato se conoce luego de otra polémica protagonizada por la primera dama, Verónica Alcocer, y los más de $60 millones que ha destinado el Gobierno para sus viajes al extranjero.
En consecuencia, la primera dama asistió al funeral de estado de la reina Isabel II y al funeral de estado del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, hecho que ha sido reprochado por algunos sectores.
