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Desde Villavicencio, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que en la primera semana de noviembre su cartera, en trabajo conjunto con la Secretaría de Transparencia de la República, y varios senadores, radicarán en el Congreso un proyecto que tiene como fin proteger a las personas que denuncien actos de corrupción.
«Rodear a la persona que cumple con su deber ciudadano de denunciar un acto de corrupción, proteger su identidad, su vida, su libertad, su trabajo, de tal manera que la persona no vaya a sufrir ninguna represalia por haber denunciado, por el contrario, que el Estado se vuelque a garantizar sus derechos», expresó el ministro Osuna.
El proyecto de ley tiene por objeto «establecer normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia por presuntos actos y/o hechos de corrupción y proteger a los reportantes y denunciantes frente a posibles retaliaciones que puedan poner en peligro la seguridad física, estabilidad profesional o laboral, económica o psicosocial».
Del mismo modo, el núcleo familiar se debe proteger principalmente los derechos a la vida, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad y dignidad personal. Todo en encaminado a qué esta iniciativa se constituya como la principal herramienta contra el miedo a denunciar hechos corruptos en Colombia.
El jefe de la cartera de Justicia resaltó que el Estado debe intervenir de forma integral para proteger a los ciudadanos que cumplen con su deber cívico y que estos se sientan respaldados y seguros a la hora de reportar, denunciar o delatar actos de corrupción.
El proyecto, que cuenta con 78 hojas explicativas y argumentativas, se contempla que «un sujeto de protección especial que consagra el presente proyecto debido a la relevancia de su labor de denuncia son los periodistas de investigación que develan prácticas corruptas».
Ante ello, los ponentes y la OCDE expresaron su preocupación sobre las circunstancias que enfrentan los denunciantes y los periodistas que informan sobre corrupción en Colombia, y recomendaron que adopte, como cuestión prioritaria, protecciones apropiadas para aquellos que denuncian presuntos actos de soborno.
Cabe mencionar que el proyecto tiene como estándares esenciales: el manejo de información que garantice la confidencialidad y la reserva, que contemple la opción de denuncias anónimas a través de canales de seguros, protección al denunciante y con sanciones claras para el denunciante de mala fe, medidas de protección y prevención de represalias e indemnización por daños y prejuicios cuando se acredite el daño por ocasión de la denuncia.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Carol Yesenia Rodríguez Gutiérrez
