En el VI Precongreso de Derecho Procesal, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Yopal, la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, anunció que la justicia en Colombia está en plena transformación profunda, impulsada por la necesidad de responder eficazmente a las nuevas realidades sociales y garantizar los derechos de las comunidades históricamente afectadas por la violencia y el despojo de sus tierras.
“Hemos tenido conversaciones con muchos alcaldes y hemos trabajado con casas de justicia. Como Ministerio de Justicia queremos trabajar en conjunto de manera colectiva mirando las necesidades de todos y, sobre todo, la situación de cada población de manera diferencial. Hemos trabajado por una justicia que se quiere aproximar a los conflictos”, indicó la jefe de esta cartera.
En este sentido, la jefe de cartera reiteró que “la reforma a la justicia no es solamente una expectativa, sino una realidad” y que en esta legislatura será presentado un proyecto de ley impulsado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, y acompañado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que busca reformar el sistema procesal penal.
Este proyecto propone modificaciones en áreas clave como el principio de oportunidad, los preacuerdos y el allanamiento de cargos, con el objetivo de clarificar y diferenciar estas figuras procesales para mejorar la eficacia y justicia del sistema penal y, de este modo, asegurar que cada figura tenga un tratamiento legal distinto y acorde a su naturaleza.
Según detalló la ministra Buitrago, el principio de oportunidad permite a la Fiscalía suspender, terminar, o no iniciar una acción penal en casos donde, a pesar de la participación de un individuo en actos delictivos, se considera que la justicia se beneficiará, por ejemplo, con la recepción de información clave, recuperación de dinero en delitos contra la administración pública, o garantía de reparación a las víctimas.
Por otro lado, el preacuerdo permite a un acusado negociar una reducción de pena a cambio de aceptar su culpabilidad; mientras que el allanamiento es la aceptación de cargos. El proyecto busca clarificar las diferencias entre estas figuras, que en el pasado han sido confundidas o desfiguradas por jurisprudencias.
Esta iniciativa ha sido discutida y ajustada con la participación de expertos y la sociedad civil para incorporar diversas observaciones y lograr un sistema más justo y eficiente.
La ministra Ángela Buitrago también aclaró que existen otros proyectos que siguen caminando en este proceso de transformación judicial. En primer lugar, manifestó que la justicia familiar y la actuación de las comisarías de familia son temas que han quedado pendientes en la agenda legislativa y que no pueden seguir en el olvido. Por tanto, se está trabajando en proyectos avanzados para proteger y resolver conflictos dentro del núcleo familiar a través de una legislación más robusta.
Por otro lado, la ministra se refirió al proyecto de ley que busca integrar la justicia indígena con la justicia ordinaria, respetando la multiculturalidad del país. Esto incluye un diálogo entre las dos jurisdicciones para abordar los casos más graves y reconocer las prácticas y cosmovisiones de las comunidades indígenas, muchas de las cuales han sido afectadas por la violencia y la pérdida de sus líderes tradicionales.
Finalmente, Buitrago explicó que se está viendo un cambio acelerado en la justicia para adaptarse a nuevas realidades, como la conciliación, la ley de discapacidad, y el concepto de justicia digital, que incluye marcos para la inteligencia artificial y expedientes digitales. La idea es que estos cambios beneficien al país y se alineen con los avances y necesidades de la sociedad actual.
Durante su visita a Yopal, la ministra Ángela Buitrago sostuvo conversaciones y recibió retroalimentación de la casa de justicia local y verificó las condiciones de los centros transitorios, con el fin de asegurar que se estén cumpliendo los estándares adecuados para el bienestar de las personas atendidas en estos espacios.
Fuente: MinJusticia.
