El ministro de Salud de Bolivia fue detenido por la compra sobrevalorada de ventiladores españoles para pacientes con coronavirus, y luego fue destituido por la presidenta, Jeanine Áñez, quien enfrenta el mayor escándalo de corrupción de sus seis meses de gobierno.
El destituido ministro, Marcelo Navajas, «se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la Felcc [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la ciudad de La Paz», dijo el comandante de la unidad, coronel Iván Rojas.
El funcionario fue detenido y removido de su cargo un día después de que Áñez ordenara investigar la compra de ventiladores en España por «posible corrupción» en medio de una ola de críticas hacia su gobierno.
Otros dos funcionarios sanitarios también fueron detenidos por la Policía.
Además, fueron convocados a declarar ante los investigadores bolivianos dos empleados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió los casi cinco millones de dólares para la compra de 179 ventiladores.
El escándalo se destapó el pasado fin de semana con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos, quienes denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado sobreprecio.
La prensa local informó que Bolivia había adquirido los equipos de manufactura española a un precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa los ofrece por entre 9.500 euros y 11.000 euros (10.312 dólares a 11.941 dólares). Otra empresa hispana ofició de intermediaria.
Áñez precisó en Twitter que «el contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4.773.600 US [dólares]» y que el país alcanzó a desembolsar 2.028.780 dólares, por lo que ordenó que «no se pague un centavo más» por los equipos.
La Presidenta dijo además que asumía el «compromiso» de «recuperar el dinero de los bolivianos».
Áñez «decidió apartar al ministro de Salud» para «evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia», dijo la jefa de la cartera de Comunicación, Isabel Fernández.
Una viceministra del sector, Eidy Roca, asumió la titularidad de manera interina.
El escándalo se produce en medio de una expansión del COVID-19 que hasta la fecha ha contagiado a cerca de 4.500 personas y provocado unos 190 decesos en Bolivia, nación que permanece bajo cuarentena y con sus fronteras cerradas desde el pasado 17 de marzo y hasta fin de este mes.
