Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado de la policía de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia.
La misión de expertos de la ONU que investigó sobre el terreno las protestas que se dieron en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre recogió denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía y de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de estos casos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, recibió denuncias sobre al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, según un comunicado del organismo publicado este viernes.
Los expertos de la ONU citaron informes procedentes de víctimas y testigos en los que se denunció que los agentes del orden -policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción- no se ajustaron a normas o criterios internacionales al recurrir a un «empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza».
«Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes«, lo que causó cientos de heridos y probablemente algunas de las muertes, indicó la misión.
El comunicado resaltó como un «patrón inquietante» el gran número de detenciones arbitrarias denunciadas durante toda la crisis, en varios casos de forma masiva y «sin pruebas concretas contra los detenidos».
Entrevistados por la misión declararon que durante esos arrestos sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, y algunos denunciaron que no se observó el debido proceso, al ser incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados.
A la vista de los resultados de la misión, la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet señaló que los disturbios «tuvieron un alto coste humano» y resaltó que «las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas» mientras que los manifestantes «no han de recurrir a la violencia».
La expresidenta chilena, que también envió una misión investigadora similar para investigar las protestas en su país cuyos resultados serán pronto publicados, instó a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.
Pidió asimismo que se lleven a cabo investigaciones «independientes, imparciales y transparentes» sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas.
La misión de expertos en derechos humanos viajó a Ecuador por invitación del Gobierno del presidente Lenín Moreno, y según subrayó hoy en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU dirigida por Bachelet, Marta Hurtado, dio libre acceso a las personas e instalaciones que ellos solicitaron.
Los expertos realizaron 373 entrevistas, entre ellas a 83 víctimas, y estuvo en tres centros de detención, realizando visitas sobre el terreno en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.
El comunicado también admite que algunos manifestantes presuntamente recurrieron a la violencia causando bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionados y otras destrucciones de propiedades públicas y privadas.
Por otro lado, se denunciaron más de 100 agresiones a periodistas que cubrían las protestas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes, la señal de algunos medios de comunicación fue cortada y varias instalaciones de otros medios sufrieron actos vandálicos.
Las manifestaciones en Ecuador tuvieron lugar entre el 3 y el 13 de octubre, después de que el presidente Lenín Moreno anunciara unos ajustes económicos en los cuales se incluía el retiro del subsidio a la gasolina, medida que detonó las protestas sociales.
