La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios expresó su preocupación ante la falta de claridad en las reglas del juego para las próximas elecciones en el país en el 2022.
En ese sentido, le dijo a RCN Radio, que como el nuevo Código Nacional Electoral está en estudio en la Corte Constitucional, los partidos y organizaciones políticas del país podrían presentar o confirmar sus listas al Congreso de la República con una cuota de género del 30 % y no del 50% como allí se estableció en el nuevo Código.
“Claramente hay una preocupación frente al no incremento de la obligatoriedad por parte de las organizaciones políticas de incluir más mujeres en las listas, vamos a seguir con el 30%, el Código Electoral que todavía no ha finalizado su revisión en la Corte establece el 50%. Va a ser una lástima que ese nivel de exigencia no se le ponga a los partidos políticos ya que vemos que no habrá tiempo para que el Código salga de la revisión de la Corte y pueda ser implementado en las próximas elecciones”, dijo.
Para Barrios esto es “preocupante” porque este sábado 13 de noviembre iniciará la inscripción de candidatos para las elecciones del Congreso de la República y cerrará un mes después, es decir, el 13 de diciembre del 2021.
Entre tanto la Sala Plena de la Corte ya tiene la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez con un llamado de urgencia sobre el Código Nacional Electoral.
“El documento de 483 páginas analiza uno a uno los 276 artículos de la reforma y determina su constitucionalidad tras ser debatido y aprobado en sesiones extras en el Congreso dado a que se trata de una ley estatutaria”, dijo.
Ese será un punto a discutir en la Sala Plena, debido a que para algunos magistrados no sería constitucional que una ley estatutaria se aprobara en sesiones extras, pues lo que sucede normalmente es que se debata y apruebe en sesiones ordinarias.
La Corte tendrá en cuenta un concepto de la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien propuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tenga impedimentos para revocar la inscripción de candidaturas por sanciones administrativas o disciplinarias del candidato que va a ser elegido por voto popular.
