Las muertes de 24 presos amotinados en la cárcel La Modelo de Bogotá el 21 marzo pasado, cuando supuestamente protestaban para exigir protección contra el coronavirus, «habrían sido intencionales», revela un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW).
El documento, elaborado por expertos del Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a petición de HRW, señala que «la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar«.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó en diálogo con RCN Radio que esta investigación estuvo enfocada únicamente en los informes de Medicina Legal.
“Lo que ellos estudiaron son las necropsias practicadas por Medicina Legal, donde se examinaron las trayectoria de las balas, los cuerpos de las 24 personas que murieron en el motín en el mes de marzo pasado”, indicó.
El documento menciona que «los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas».
“La conclusión de ellos es que (…) la muerte habría sido intencional; los funcionarios del Inpec que usaron sus armas de fuego dispararon con la intención de matar y eso lo concluyen porque dicen que las heridas de bala son consistentes con esa intención de matar a órganos vitales del cuerpo, porque no hay heridas en que hayan sido infringidas con la intención de herir con disparos en las piernas”, sostuvo.
El IFEG y el IRCT analizaron los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
Además del motín de La Modelo -en el que además resultaron heridas 107 personas, 76 de ellas detenidos y 31 guardias penitenciarios, según HRW- entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del día siguiente hubo revueltas en cerca de diez cárceles colombianas.
Entre ellas están las de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en las de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Picaleña, en Ibagué; Jamundí, en el suroeste del país, y Pedregal y Bellavista, en Antioquia.
José Miguel Vivanco calificó los resultados de este estudio como muy graves, al señalar que no están reflejados en la línea de investigación de las autoridades.
“Es una conclusión muy seria y grave pero que lamentablemente no está aún reflejada en las investigaciones que adelanta la Fiscalía; y que no tiene hasta ahora a ningún funcionario del Inpec vinculado por estos hechos”, afirmó.
El director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que aunque en el momento de los hechos había un caos porque los internos intentaron fugarse y muchos de ellos quemaron los colchones, el estudio solo tiene en cuenta el informe sobre la autopsia que se le practicó a los cuerpos.
“La Fiscalía debería tener esta información y muchos más como fotografías y videos del lugar de los hechos. Pero, desafortunadamente, no tenemos mayores noticias pese a que tuve la reunión de reunirme de forma virtual con el Fiscal y me dijo que la investigación avanza y que se tenían varias hipótesis, que una de ellas era esta, pero que no tenían mayores conclusiones que compartir”, dijo.
El IFEG está conformado por 42 especialistas forenses independientes de 23 países que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales, mientras que el IRCT es el principal centro mundial de investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la tortura y los maltratos.
El 21 de marzo, la entonces ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, manifestó que las muertes y lesiones se produjeron mientras los guardias penitenciarios impedían un «plan criminal de fuga».
Días después, según HRW, se reveló un audio en el que Cabello le dice a las autoridades penitenciarias que se «siente orgullosa» y que «agrade(ce) mucho» a los guardias por haber impedido la fuga.
En ese sentido, el organismo pidió que cuando Cabello asuma el cargo de procuradora general, en enero próximo, se establezcan «salvaguardias» para que la investigación que realiza ese organismo sea «independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos».
