Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), aseguró que la entidad no tiene información sobre las presuntas actuaciones irregulares de funcionarios que habrían comprometido alrededor de $250.000 millones del Sistema General de Regalías (SGR) a través del OCAD-Paz. No obstante, pidió que quien conozca información al respecto denuncie ante las autoridades.
En las últimas horas se conoció que 24 actuaciones disciplinarias se están adelantando por la Procuraduría, donde funcionarios estarían siendo investigados por, presuntamente, pedir dineros a cambio de dar el visto bueno a los proyectos presentados por los alcaldes de los municipios PDET.
«No sabemos de dónde viene esa cifra y si no tenemos ninguna irregularidad o ninguna prueba, no sabemos dónde pueden estar en estos momentos esos dineros (…) Lo que necesitamos son pruebas y denuncias para poder investigar y trabajar de la mano con la Procuraduría, la Contraloría y con la Fiscalía, de ser necesario, para ver dónde están y qué hace falta», dijo la funcionaria.
De acuerdo con Botero, no hay ninguna prueba, e indicó que desde que llegó a la entidad en 2021, recibió cinco denuncias y, «automáticamente compulsamos copias a todos los organismos de control y antes de que yo llegara también se compulsaron otras denuncias».
Reveló además que tras conocer los señalamientos se iniciaron investigaciones internas a través del control disciplinario del DNP. «Estas denuncias estaban, en gran parte, hechas a través de asociaciones anónimas y de un correo con el nombre de Hernando Gómez, quien nunca presentó más pruebas en el proceso, ni respondió a nuestros llamados», dijo.
No obstante, aseguró que, «lo más importante es que los organismos de control efectivamente investigan las acusaciones y esperamos que surtan para ver qué es lo que está pasando, porque estamos igual de preocupados que todos los colombianos y todos ustedes sobre estás presuntas irregularidades. Pero, no hay nada probado».
Sobre la presunta responsabilidad de Álvaro Ávila, quien era director del sistema general de regalías y es señalado de pedir coimas, Botero explicó que cuando asumió la dirección del DNP (en agosto de 2021), «ya había ciertas denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso», dijo.
E indicó que, el cargo de Ávila era de libre nombramiento y remoción, «donde uno tiene que tener a una persona de confianza; en ese sentido para mí -a partir de octubre-, por las irregularidades que había y por la importancia de tener una persona de confianza, lo que hice fue hablar con el doctor Ávila y acordamos una salida. Efectivamente el renunció a partir de la primera semana de noviembre».
Botero hizo énfasis en que «las denuncias mencionan por nombre propio a Álvaro Ávila y a dos funcionarios de la Contraloría, por lo que iniciamos el proceso de control interno con cinco denuncias, de las cuales tres están archivadas porque los correos de donde llegaron nunca comparecieron, ni presentaron pruebas adicionales y cuando estuvimos investigando no hubo ninguna «rama» de dónde poder buscar más información».
Sin embargo, esas denuncias están en este momento en manos de los organismos de control, quienes están investigando.
Este 8 de julio, el exconsejero presidencial Emilio Archila deberá entregar a la Fiscalía la información que tenga sobre este caso, tras señalar, que, a inicios de 2021, ya habría denunciado hechos sospechosos a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y el DNP.
