El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió a la captura de Ismael Darío Lopera Tangarife, conocido con el alias de ‘Manolo’, implicado al parecer en el abuso sexual de al menos 21 menores en un hogar infantil de Medellín.
Según el jefe del ente investigador, «no vamos a permitir más ‘garavitos’ en Colombia». Barbosa “sostuvo que «para la Fiscalía General de la Nación la vida y los derechos de las niñas, niños y adolescentes son una prioridad, por eso colocamos toda nuestra capacidad para su defensa y el esclarecimiento de los hechos delictivos que los afecten”.
El Fiscal General manifestó además que “hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier tipo de atropello que se genere en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con la plena confianza de que esta entidad responderá con investigaciones integrales para dar con los responsables de estos hechos que repudia el país”.
Barbosa recordó que la captura de ‘Manolo’ se realizó en Santa Rosa de Osos, al norte de Anitoquia. El detenido, que se desempeñaba en el jardín como agente educativo auxiliar de nutrición, será presentado ante un juez de control de garantías.
Tras la captura, la Fiscalía le imputará los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravados.
Los hechos materia de investigación fueron denunciados por los padres de uno de los menores afectados, «el pasado 28 de junio. Posteriormente, más familiares se acercaron al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Medellín y pusieron en conocimiento las agresiones sexuales contra sus hijos y detallaron el inusitado cambio de comportamiento que habrían tenido en los últimos días», sostuvo la Fiscalía.
«De inmediato, la Fiscalía General de la Nación activó una ruta de atención conformada por un equipo con enfoque diferencial y de género, de la que hacen parte cinco fiscales (uno del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y cuatro de la Seccional Medellín), además de psicólogos, médicos forenses e investigadores del CTI y la Policía Nacional», indicó el ente investigador.
