Mientras sigue en vilo la aprobación de la ley de financiamiento, desde algunos sectores afirman que si esta no recibe aval, habría varias consecuencias. Uno de sus principales defensores es el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien la ha defendido hasta en el Congreso.
Rojas afirmó que su preocupación se enmarca en que si no se aprueba el monto del Presupuesto General de 2025 ($523 millones), sería aún menos factible que pase dicha ley. El Gobierno contempla con esta la recaudación de $12 billones para respaldar el ‘faltante’ del presupuesto.
«Nos preocupa por unos datos muy puntuales; por ejemplo, 25.000 personas dejarán de ser beneficiadas en nuestros programas de alfabetización, 12.000 docentes dejarán de recibir las becas que les permite aumentar la calidad en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes», afirmó Rojas.
A su listado añadió la dificultad que, según enfatizó, tendría ampliar la cobertura en la educación superior y «mucho menos llegar a la meta del 62% que nos propusimos, es decir, no podremos abrir cupos para universidades», continuó. «400.000 niños más pobres van a dejar de recibir una ración alimentaria en su colegio, y no solamente en época escolar, sino también durante el receso».
Sin embargo, para el centro de Estudios Económicos (Anif), dicho proyecto sigue despertando dudas como alternativa de reactivación. El presidente de ese organismo, José Ignacio López, enfatizó que este «no cumple con el propósito de financiar el faltante de $12 billones».
«Este mayor impacto fiscal implica que el Gobierno podría tener un déficit mayor en 2025, pero en ningún caso puede entenderse como una fuente adicional de ingresos tributarios o nuevas rentas», indicó López.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Adriana Cuestas
