La Superintendencia Financiera de Colombia advierte nuevamente al público en general que las firmas denominadas “Grupo Holding y DMG” y “Proyecciones e Inversiones DMG” o cualquier variación que incluya la sigla DMG no cuentan con autorización para recaudar dineros del público.
Las mencionadas denominaciones vienen siendo promocionadas a través de volantes publicitarios prometiendo falsamente el pago de intereses de hasta el 200% a quienes entreguen sus recursos. Además, el único medio de contacto son números de celular que aparecen en dichas piezas sin referenciar ningún domicilio o ubicación física.
Por lo anterior, la Superintendencia recordó a la ciudadanía que el empleo de la sigla “DMG” y las variaciones mencionadas hacen referencia a una captadora ilegal de dineros del público a la cual tanto la SFC como la Superintendencia de Sociedades le ordenaron suspender de forma inmediata la actividad ilegal. Por lo que la única actividad legal con respecto a dicha denominación es la que realiza la Agente Liquidadora designada por la SuperSociedades.
Asimismo, señaló que las personas naturales propietarias de “DMG”, así como las administradoras de tal captadora ilegal también fueron condenadas penalmente por el mismo delito.
“La captadora ilegal de dinero denominada “DMG”, “DMG Inversiones” o cualquiera que sea la variación en el nombre donde se emplee la sigla “DMG” tampoco está vigilada, autorizada o avalada por la Superintendencia ni por la Superintendencia de Sociedades o alguna autoridad a nivel nacional, departamental o municipal”, aseguró el organismo de control.
En consecuencia, “DMG” o sus similares no tienen autorización para ofrecer en Colombia ninguna clase de productos o servicios financieros, entre los cuales se encuentra la recepción de recursos del público en forma masiva y habitual.
La Superintendencia Financiera invitó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades (alcaldías, gobernaciones, Policía Nacional, Superintendencia de Sociedades), para que suministren los datos que posean en relación con las personas que dicen responder por dicho modelo de negocio, como nombres, domicilios, números de cuenta y demás información necesaria para una efectiva actuación por parte de las entidades competentes encargadas de adoptar las medidas previstas en las leyes para reprimir tal actividad ilegal.
