Opositores venezolanos presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya abundante documentación sobre la muerte del piloto Óscar Pérez y seis compañeros suyos, para engrosar las investigaciones preliminares contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusan de «crímenes de lesa humanidad«, anunciaron este jueves.
La acción fue explicada en una rueda de prensa en Madrid por el diputado de la Asamblea Nacional Franco Casella y el ex diputado Wilmer Azuaje. Junto a ellos estaba el hermano de Óscar Pérez, Armando, quien reside en España con su familia y dijo haber solicitado asilo.
La documentación -unas 400 fotos y varios videos- fue presentada el lunes en La Haya, y tiene que ver con la llamada «masacre del Junquito«: una operación de la policía y el ejército en las afueras de Caracas en enero de 2018, en la que murieron siete opositores, entre ellos el expolicía y piloto Óscar Pérez, y dos agentes, según el gobierno.
Pérez se había convertido en «el hombre más buscado» por las autoridades, desde que el 27 de junio de 2017 sobrevoló Caracas en un helicóptero policial con algunos de sus compañeros, lanzando cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia y disparando contra el Ministerio de Interior.
«Se puede evidenciar en las imágenes cómo hay tiros de gracia«, sostuvo Azuaje, afirmando que las armas de los siete «no fueron disparadas» y que por tanto no pudieron defenderse.
«Habiéndose rendido [los siete], fueron acribillados», abundó Casella, dirigente de Voluntad Popular, contradiciendo la versión del gobierno de que los opositores habían atacado primero.
En un documento fechado este lunes y con el encabezado de la Asamblea Nacional venezolana, los dos señalan haber consignado ante la CPI todos estos documentos gráficos, que «demuestran la ejecución» de Óscar Pérez y sus seis compañeros, lo que constituiría «crímenes de lesa humanidad» cometidos por «los órganos de seguridad nacional de Venezuela, comandados por Nicolás Maduro Moros«.
Azuaje detalló a AFP que él mismo recibió el pasado febrero en Colombia las fotografías, de manos de su autor, un detective de la policía venezolana que ahora reside en Perú.
«Yo le pido a la fiscal de la CPI [Fatou Bensouda] que voltee los ojos a Venezuela», declaró Azuaje, quien vive ahora entre Colombia y Estados Unidos y tiene la «aspiración de ver a Maduro ante la CPI».
«La esperanza nunca la he perdido de ver a esa gente entre las rejas«, añadió Armando Pérez.
En febrero de 2018, la CPI puso en marcha investigaciones preliminares por «presuntos crímenes» en Venezuela durante unas manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron unos 125 muertos en 2017.
Luego, en septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron a la Corte que investigara los crímenes contra la humanidad que, según aseguran, ha cometido el gobierno de Maduro desde 2014.
En un informe publicado el 5 de diciembre, la oficina de la fiscal de la CPI señaló que «a comienzos de 2020» espera finalizar su evaluación de los documentos aportados entre otros por la OEA y el Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos.
En caso de conclusión positiva, la Fiscalía evaluará si la gravedad de los crímenes alegados en Venezuela es suficiente como para presentar o no la causa ante los jueces de la CPI.
