Según las autoridades migratorias de Panamá, por lo menos 352.000 migrantes han cruzado la Selva del Darién en los primeros ocho meses del 2023, una cifra que supera con creces la del 2022, cuando en todo el año fueron 248 mil.
El tránsito de ciudadanos de países como Venezuela, Haití, Ecuador, China y Colombia, que tienen la intención de llegar a Estados Unidos, ha generado una crisis de sanitaria y de seguridad que ha causado preocupación en el país centroamericano.
Por eso, este viernes la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, anunció el primer paquete de medidas que mitiguen la crisis, la primera de ellas, incrementar las deportaciones de los ciudadanos irregulares y con antecedentes penales.
“Trataremos de incrementar esas capacidades para poder duplicar o triplicar esos vuelos semanalmente de ser posible, el señor presidente y el señor ministro de seguridad han autorizado estos vuelos y estamos ahora mismo en los procesos de contratación para poder deportar o expulsar al mayor número de gente”, dijo la funcionaria.
Medidas que impactarán al turismo
Gozaine también anunció que en los puestos de control establecidos en las terminales aéreas del territorio nacional, se realizará un perfilamiento a cada turista para tratar de establecer si realmente tiene intenciones de favorecer la economía del país a través del turismo, o si está utilizando Panamá como ruta de tránsito hacia el norte del continente.
En ese sentido, para algunos turistas, el tiempo de estancia permitida pasará de 90 días a solo 15, y quien incumpla la determinación, será sancionado económicamente.
“Es importante aclarar no es para todas las personas, no es para todas las nacionalidades, será según el perfilamiento, significa que las autoridades de seguridad del aeropuerto harán entrevistas para determinar si la persona que ingresa merece los 90 días de turismo o si le vamos a dar 15 días”, explicó la funcionaria.
Asimismo, dijo que se incrementará el monto mínimo de dinero permitido para ingresar al país, que actualmente es de 500 dólares y que pasará a 1.000.
“500 dólares no es lo apropiado ni lo adecuado. Mínimamente, estaremos solicitando una solvencia mayor para 1.000 en adelante, nuevamente producto del perfilamiento de las unidades migratorias, quienes tendrán la potestad de exigir a aquellas personas que yo así lo determinen”, puntualizó.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Aldair José Rodríguez Suárez
