Sigue aumentando la polémica en torno al escándalo en el que está involucrada la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, por el millonario contrato que se adjudicó a una empresa por 70.000 millones de pesos para llevar internet a las zonas rurales del país.
La representante a la Cámara por el partido Verde, Katherine Miranda, dio a conocer que un grupo de representantes miembros de partidos de oposición e independientes radicarán en los próximos días una proposición de censura contra la ministra Abudinen ante la Secretaría General de la Cámara.
“Acá no vamos a permitir que la ministra siga tan campante como si nada. por eso nosotros hemos decido radicar una moción de censura. Parece que se nos olvida que Colombia está viviendo un momento durísimo, una crisis económica sin precedentes y donde el Gobierno por un lado tiene un discurso de austeridad pero la ministra se da el lujo de entregar este tipo de dinero sin ningún tipo de respaldo, por eso debe denunciar”, sostuvo.
La congresista agregó: “No es aceptable que la Ministra licite o realice adelantos de 70.000 millones de pesos y creer que no haya tenido conocimiento de la existencia o de la veracidad de las garantías de cumplimiento acordadas por esta unión temporal donde las pólizas presuntamente son falsas”.
Esta proposición de censura se suma a la petición de renuncia hecha por la Coalición de la Esperanza y el representante a la Cámara, Fredy León Muñoz .
“Esto es un robo, no es otra cosa, es un robo de más de 70.000 millones de pesos. Solicitamos inmediatamente la renuncia a la ministra de las Telecomunicaciones y también solicitamos a los entes de control investigar. Acá hay cosas muy graves, La Unión Temporal Centros Poblados, tiene cuatro empresas, y todas tienen investigaciones”, advirtió el representante.
La Coalición de la Esperanza en un comunicado cuestionó el procedimiento y actuar de la minitra.
«¿Quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó? ¿Cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías aportadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre el Banco Itaú? ¿Por qué se continuó con la adjudicación, aún conociendo la falta de idoneidad de la Unión Temporal Centros Poblados?», señala el comunicado.
Fuente: Sistema Integrado de Información
