En un giro audaz y con profundas implicaciones internacionales, el presidente Gustavo Petro anunció que llevará ante el Consejo de Seguridad de la ONU la denuncia de que el Estado colombiano ha incumplido el Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas FARC.
¿Qué motivó esta drástica decisión y cuáles son las posibles consecuencias para el futuro del proceso de paz y la imagen del país a nivel global?
La declaración del presidente Gustavo Petro este martes, durante la firma del Memorando de Entendimiento entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), resonó con fuerza en el panorama nacional e internacional.
Su anuncio de acudir al máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas para señalar el supuesto incumplimiento del Estado colombiano del acuerdo firmado hace casi una década marca un punto de inflexión en la narrativa del proceso de paz y abre interrogantes cruciales sobre su futuro.
La acusación
Las palabras del mandatario fueron directas y contundentes.
No se limitó a señalar fallas o retrasos, sino que acusó al «Estado de Colombia» – diferenciándolo de su propia administración – de haber faltado a la verdad y de incumplir un compromiso adquirido no solo con las FARC, sino con la «humanidad» misma.
Petro enfatizó que el acuerdo de 2016 constituyó una «declaración unilateral de Estado» que trasciende la Constitución colombiana, elevándose como un compromiso ante una «constitución de la humanidad» al ser presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se congregan las potencias mundiales.
Los «grandes agujeros oscuros» y las mafias globales
Aunque reconoció los avances informados por la Cancillería ante la ONU, Petro fue enfático en señalar la existencia de «grandes agujeros oscuros» que impiden afirmar que el Estado colombiano esté cumpliendo cabalmente con lo pactado.
Mencionó específicamente el incumplimiento en temas cruciales como la reforma agraria, la recuperación de territorios marginados y el persistente ciclo de violencia.
En un señalamiento grave, el presidente vinculó el asesinato de excombatientes desmovilizados con «nuevas organizaciones narcotraficantes» con jefes de origen albanés, croata y mexicano, cuyo centro de control ubica en Dubái.
Estas mafias, según Petro, han logrado infiltrar instituciones clave del Estado, incluyendo la Policía, el Ejército e incluso el Congreso de la República y la Casa de Nariño.
Implicaciones políticas y diplomáticas de la denuncia ante la ONU:
La decisión de Petro de llevar esta denuncia a la ONU tiene profundas implicaciones en varios frentes:
* Legitimidad Internacional del Proceso de Paz: Al señalar un incumplimiento estatal ante el Consejo de Seguridad, Petro pone en tela de juicio la credibilidad de Colombia como garante de acuerdos internacionales. Esto podría afectar la confianza de la comunidad internacional en el proceso de paz y en futuros compromisos del Estado.
* Relaciones diplomáticas: Esta acción podría tensar las relaciones con países que han apoyado el proceso de paz y que podrían tener una visión diferente sobre el grado de cumplimiento del acuerdo. La reacción de las potencias representadas en el Consejo de Seguridad será crucial.
* Presión internacional: La intervención ante la ONU podría generar una mayor presión internacional sobre el Estado colombiano para que acelere y profundice la implementación de los puntos pendientes del acuerdo. Esto podría traducirse en llamados formales, resoluciones o incluso condicionamientos en la cooperación internacional.
* Debate Nacional: La denuncia de Petro intensificará el debate interno sobre el estado del proceso de paz. Sectores que han sido críticos con la implementación encontrarán en sus palabras un respaldo, mientras que quienes defienden los avances logrados podrían cuestionar la estrategia del presidente.
* Impacto en la JEP y la ARN: La firma del Memorando de Entendimiento entre la JEP y la ARN, en el mismo evento del anuncio, subraya la apuesta del gobierno por fortalecer la justicia transicional y la reincorporación. Sin embargo, la denuncia de Petro podría generar incertidumbre sobre el futuro de estas instituciones si la comunidad internacional percibe una falta de voluntad estatal para cumplir el acuerdo en su totalidad.
* Narrativa del conflicto: La intervención en la ONU busca cambiar la narrativa dominante sobre el proceso de paz, presentando al Estado como un actor que no ha estado a la altura de sus compromisos. Esto podría influir en la opinión pública nacional e internacional sobre las responsabilidades en el avance del proceso.
El acuerdo JEP-ARN
En contraste con la denuncia de incumplimiento, la firma del acuerdo entre la JEP y la ARN representa un avance concreto en la búsqueda de reparación para las víctimas. La creación de la subcuenta «Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN» con un presupuesto inicial de 50 mil millones de pesos para financiar proyectos de reparación en casos emblemáticos como el de secuestros y falsos positivos en la Costa Caribe es una señal positiva.
Este acuerdo busca involucrar activamente a las víctimas y a los comparecientes en el diseño y ejecución de proyectos de memoria histórica, búsqueda de desaparecidos, acciones educativas, iniciativas ambientales y desminado, con un enfoque étnico y diferencial.
La promesa de financiar todas las sentencias de la JEP a partir del 30 de abril busca garantizar seguridad jurídica y avanzar en la reconciliación.
Un escenario complejo y lleno de incertidumbre
La decisión del presidente Petro de llevar la denuncia del incumplimiento del Acuerdo de Paz a la ONU abre un escenario complejo y lleno de incertidumbre.
Si bien su intención podría ser generar presión internacional para acelerar la implementación y exponer las amenazas al proceso, las implicaciones diplomáticas y la posible erosión de la confianza internacional son riesgos significativos.
El contraste con el avance que representa el acuerdo JEP-ARN subraya la dualidad del momento: un gobierno que busca fortalecer la justicia transicional y la reparación de víctimas, pero que al mismo tiempo denuncia al Estado del que forma parte por no cumplir sus compromisos.
El desarrollo de los acontecimientos en la ONU y la reacción de la comunidad internacional serán determinantes para el futuro del proceso de paz en Colombia.
