Al intervenir en la Asamblea de la Federación Nacional de Departamentos, que tuvo lugar este martes en la capital del país, el Presidente Gustavo Petro planteó que la Fiscalía General de la Nación sea el organismo que certifique la incautación de drogas en Colombia, con el fin de medir la eficacia de la Fuerza Pública en ese tipo de operaciones contra el narcotráfico.
Al respecto, el jefe de Estado indicó que al evaluar la política de seguridad que está construyendo su Gobierno se nota una importante reducción en la tasa de homicidios, pero fue enfático en señalar que es necesario medir también cómo van los indicadores de incautaciones de drogas.
“El único indicador que hoy tenemos es la tasa de homicidios, que hasta ahora reacciona bien, pero deberíamos tener otro que es incautaciones, pero ese indicador no lo puede hacer la fuerza que incauta. Yo creo que la Fiscalía debería ser la entidad que dé la certificación de la cifra”, subrayó.
En el mismo contexto, agregó que la Fiscalía General de la Nación es el ente que en ese tipo de procedimientos cuenta con la información suficiente, porque es el que recibe la denuncia.
“Nos dicen que incautamos 100 toneladas. ¿Quién verifica si son 100 toneladas? ¿Es cierto? Yo creo que la Fiscalía tiene la información suficiente para certificar cuántas cantidades de material incautado –llámese contrabando o cocaína– se produjo en un mes y compararlo con el mes anterior y el mes siguiente, y medir la eficacia de la Fuerza Pública, porque al final es la que tiene que hacer estas operaciones. Si no es eficaz, hay que decirlo”, afirmó el mandatario.
Asimismo, indicó que si bien en materia de incautación de drogas hay una veeduría nacional, también “sabemos que hay una veeduría mundial sobre nosotros o, más bien, norteamericana sobre nosotros, y no podemos decir mentiras”.
“La política de seguridad se puede verificar en términos de que incautamos más y mueren menos o, pues, toca confesar que no funcionó y hay que construir otra”, aseveró el jefe de Estado.
De otra parte, el Presidente les dijo a los mandatarios regionales que el Gobierno está analizando la posibilidad de que en el proceso con las organizaciones multicrimen se cambie el concepto de cese bilateral al fuego por el cese de hostilidades, que incluiría el cese de actividades multicrimen como la extorsión y el secuestro, entre otras.
“¿Por qué digo que el cese al fuego es un mal término? Porque el cese al fuego es un término que surge de la guerra entre ejércitos, sean estatales o irregulares, como lo podrían hacer los rusos y los ucranianos”, explicó.
Sobre el particular, manifestó que “cuando estamos ante organizaciones cuyo interés no es la destrucción de otro ejército, sino que su interés es sacar la mayor cantidad de cocaína, ¿cómo se aplica un cese al fuego a eso, a una actividad narcotraficante?”, dijo.
Respecto al cese de hostilidades señaló que beneficiaría a la población civil, porque tiene que ver con ponerles fin a hechos de extorsión, confinamientos, desplazamientos y asesinatos de personas civiles, así como el cese de actividades narcotraficantes.
