El decreto que permite la excarcelación de integrantes de la ‘Primera Línea’ que pudieron haber cometido hechos de violencia durante las manifestaciones sociales, continúa generando polémica en el país.
La oposición rechazó esta medida y advirtió que se trata de una jugada política del presidente Gustavo Petro para mantener el respaldo político que lo tiene hoy en el poder.
Ante esto, el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales le pedirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue al jefe de Estado, por haber emitido esta normatividad.
Según Cabrales, Petro pudo haber incurrido en un posible prevaricato, ya que el Congreso jamás le otorgó facultades para otorgar este tipo de beneficios a la Primera Línea.
“Al presidente Petro no se le otorgaron facultades extraordinarias para liberar a los detenidos de la ‘Primera Línea’, al presidente se le dieron facultades para negociar con grupos armados al margen de la ley y bandas criminales”, señaló.
“El artículo 5to de la ley 2272 del 2022 es muy claro, así que una de dos: o el presidente Petro está incurriendo en un presunto prevaricato o está reconociendo que la ‘Primera Línea’ sí es un grupo terrorista”, añadió.
Este tema ha sido objeto de polémica, ya que miembros de la bancada de gobierno afirman que la Ley de Orden Público sí permite que el mandatario pueda, en el marco de la paz total, designar como gestores de paz a personas que pudieron haber incurrido en algunas faltas durante las protestas y más si se trata de miembros de algunas organizaciones sociales.
Una vez la denuncia llegué a la Comisión de Acusación de la Cámara, esa corporación deberá determinar si abre o no una investigación penal y disciplinaria en contra del presidente Gustavo Petro.