En la cuerda floja se encuentra la propuesta incluida en el Presupuesto General de la Nación del 2022, que busca que la Ley de Garantías no opere de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso, con el fin de no frenar la contratación, los proyectos y la suscripción de convenios interadministrativos.
El rechazo que expresó el expresidente Álvaro Uribe a esta iniciativa hizo que las mayorías de la bancada del Centro Democrático decidieran no respaldarla, al igual que integrantes de otras colectividades que apoyan al Gobierno.
Ante esta situación, en el Congreso ya se tiene listo un plan B para insistir en la derogatoria de esta norma, por considerarla innecesaria teniendo en cuenta que ya no existe la reelección presidencial. Se trata de un proyecto de ley estatutaria, cuyo ponente es el senador Santiago Valencia.
“Esta Ley de Garantías debió derogarse cuando se acabó la reelección presidencial, porque esta norma buscaba evitar el abuso del poder en cabeza del presidente de la República para reelegirse, no existiendo la reelección, pues no tiene ningún sentido”, indicó Valencia.
El congresista afirmó que la crisis económica que dejó la pandemia y la necesidad de generar empleo, hacen que tampoco se justifique tener en vigor la Ley de Garantías, razón por la cual impulsarán este proyecto de ley en caso de que el artículo del Presupuesto se hunda.
“Si eso no pasara, aquí tenemos el proyecto, creo que yo que no se alcanzaría a aprobar para estas elecciones que vienen, pero acabar la Ley de Garantías es una necesidad”, indicó.
“Este proyecto eliminaría toda la Ley de Garantías, es lo que se propone, teníamos audiencia pública con los partidos de oposición, pero se aplazó y una vez se haga, presentaremos la ponencia”, afirmó el legislador.
Los congresistas señalan que en este momento existen mecanismos suficientes para evitar que se presenten hechos de corrupción durante las elecciones, como por ejemplo la ley de pliegos tipo que prohíbe la contratación hecha a la medida de unos pocos y la norma que le entregó poderes preventivos y concomitantes a la Contraloría General de la República.
