La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Hato Corozal, Alexander Martínez Parra, quien no habría ejecutado los recursos destinados en 2019 a la comunidad indígena del resguardo de Caño Mochuelo.
De acuerdo con la investigación, los recursos financieros del Sistema General de Participaciones dispuestos para esta población vulnerable, durante la vigencia señalada, no habría sido ejecutado por el entonces mandatario, vulnerando así el derecho de estas personas a invertir el presupuesto programado a su favor, según lo dispuesto en la ley.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, esta partida presupuestal se gestionó dos años después, en 2021, es decir por otra administración diferente a la del investigado.
Para la Procuraduría, la obligación de propiciar la inversión de estos dineros del resguardo indígena era exigible incluso desde 2018, pues la ley dice que “para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente”.
A juicio del Ministerio Público el funcionario no actuó con oportunidad y diligencia, “pues tenía la obligación permanente de cumplir con las previsiones legales y constitucionales, máxime cuando se trata de un servicio a favor de las comunidades indígenas”.
La conducta reprochada provisionalmente a Martínez Parra fue calificada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare como falta grave a título de culpa gravísima.
Fuente: Procuraduría General de la Nación.
