La Procuraduría General solicitó formalmente suspender la ejecución de un millonario contrato para la auditoría de los recobros en el sector de la salud. La petición fue presentada formalmente ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
En la petición, el Ministerio Público argumenta que se deben tomar medidas de fondo y urgentes para evitar la violación del ordenamiento jurídico y la afectación del derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Debido a esto, pide que se suspenda la puesta en marcha del contrato 080 de 2019 firmado con la Uni´n Temporal Auditores por más de 140 mil millones de pesos y realizar el respectivo proceso para que el contratista ceda o renuncie a dicho convenio.
La Procuraduría considera sumamente grave los antecedentes de la empresa contratista puesto que en su haber tiene cuatro multas y se declaró su incumplimiento parcial de la mayoría de las obligaciones.
Por esto se manifiesta que el contratista estaría inhabilitado para la «ejecución del negocio jurídico» el cual tiene como fin «la auditoría integral en salid, jurídica y financiera a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios a cago de UPC y a las reclamaciones por los eventos de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 con cargo a los recursos del Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga) del Sistema General de Seguridad Social en Salud».
Esta situación pone en riesgo la efectiva prestación del servicio objeto del contrato, afectando el derecho a la salud de las personas y dañando -aun más- la prestación de todos los servicios.
Por las irregularidades en el proceso de celebración del millonario contrato, la Procuraduría General le abrió investigación preliminar disciplinaria a las directoras de obras prestaciones de la Adres, Laura Beltrán Ochoa: de Gestión de Recursos Financieros en Salud, Marcela Brun; y a la asesora de la Dirección General (e), Carmen Rocio Rangel.
La indagación tiene como finalidad establecer si existieron fallas en materia disciplinaria y verificar el daño causado a la administración pública con sus actuaciones dentro de la celebración de este contrato.
