Ese grupo de campesinos se ha visto afectado económicamente por los efectos de la pandemia del covid-19, la reciente ola invernal y el vencimiento de los créditos con la banca.
Para la Procuraduría, los problemas económicos que afrontan los campesinos, no solo ponen en peligro la propiedad de la tierra, sino la vida de esa población, quienes en su mayoría son de bajos recursos y su forma de sustento diario son sus cultivos.
“La grave e injusta situación social y económica que afrontan nuestros campesinos por los créditos vencidos, y a su vez, prevé algunas medidas especiales para superar dicha situación”, señala uno de los apartes de la misiva.
Uno de los sectores más afectados es el papero. Los pequeños productores de papa han tenido que salir a las carreteras a vender sus cultivos a precios demasiado bajos que no alcanzan a cubrir los costos de producción por cuenta de la crisis de la caída de precios.
Esa situación se ha encrudecido por la importación de papa extranjera precocida que ha llegado a 50.000 toneladas, que es un equivalente a más de 150.000 toneladas de papa fresca, es decir, el 5,6% de la producción nacional que se calcula en 2.700.000 toneladas.
A través del proyecto de ley se espera que se adopten medidas en materia de financiamiento para la reactivación de varios sectores como el agropecuario, pesquero, acuícola, y el agro.
“En aras de mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores del campo (…) brindando alivios financieros a gran parte de la población campesina”, apunta la Procuraduría.
