Luego de conocerse la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República, los abogados Álvaro Orlando Pérez y Alirio Uribe explicaron los alcances de esta decisión tanto a nivel político como judicial, debido a que la defensa del expresidente anunció que pedirá hoy que su caso se traslade a la Fiscalía General de la Nación.
En diálogo con RCN Radio, el abogado Álvaro Pérez manifestó que «lo que dice este radicado es que no pierde competencia la Corte para aquellos delitos que tengan que ver o que tengan relación con el ejercicio de la función para el Senado de la República y en eso la Corte se ha mantenido desde el 2009″.
Sin embargo, explicó que en este caso «la lectura es clarísima. Fíjense ustedes que el soborno a testigo y el fraude procesal no fue para ser elegido, tuvo otra naturaleza producto de una denuncia de otro senador y por esa característica es que la Corte inicia la investigación, pero no por la naturaleza del delito».
Asimismo recordó que tan pronto como la Presidencia del Senado de la República le acepte la renuncia a Álvaro Uribe Vélez, «él dejará de ser congresista, por lo tanto él perderá el fuero y no sigue la Corte Suprema de Justicia adelante con su investigación, porque desde el 2009 la Corte ha sido consistente en materia jurisprudencial».
Por su parte, el abogado Alirio Uribe dijo que «el proponer una reforma constitucional, el proponer fusionar las cortes, el criticar la Corte Suprema y atacarla como lo ha hecho Uribe y el partido de gobierno, es porque saben que hay evidencia física y material probatorio que pueden llegar a obtener en un juicio«.
En ese sentido, insistió en que gran parte de su equipo de gobierno «está tratando de garantizar su impunidad como ha pasado con todas las denuncias que se tramitan en la comisión de acusación del Congreso. Aquí lo que se trata de hacer todo el tiempo como cuando se dice que se levante la reserva sumarial, lo cual legalmente no es posible, es atacar a la Corte».
Cabe mencionar que la renuncia de Álvaro Uribe en el Congreso de la República, fue aceptada con 82 votos a favor y 12 en contra.
