La jurista Bibiana Benavides, quien representa a la familia de la menor, dijo que no se descarta demandar a los Uribe Noguera.
Bibiana Benavides, representante civil de la familia de la menor Yuliana Samboni, víctima de secuestro, abuso y feminicidio, dejó en claro que a la fecha los familiares del confeso asesino Rafael Uribe Noguera no han expresado ninguna voluntad de reparación integral.
“En ningún momento se nos acercó ni la familia Uribe Noguera, ni los abogados de Rafael Uribe a ofrecer o a hacer algún tipo de insinuación respecto de su voluntad de reparar a las víctimas”, dijo la abogada Benavides.
Asimismo, sostuvo que la familia Samboni aún no ha cerrado la puerta para instaurar una demanda contra Rafael Uribe y sus familiares, en procura de obtener una indemnización económica por todos los perjuicios físicos y morales causados.
La jurista explicó que pese a que los padres de la menor asesinada en este grave episodio no han tomado una decisión frente a la presentación de futuras demandas, el derecho a hacerlo se mantendrá vigente por largos años debido a la drástica condena que le impuso la justicia a Rafael Uribe.
“Es un derecho que tiene la familia de recibir una indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de los delitos causados a su hija”, dijo la abogada Benavides.
Asimismo sostuvo que “no se cierra la puerta para demandar, porque la familia Samboni tiene un tiempo muy largo para hacer esa solicitud, hasta el momento no se ha cerrado la puerta”.
Esta declaración se produjo luego de que la Agencia de Periodismo Investigativo (API) revelara que cinco meses después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, aumentara la condena a 58 años de prisión a Rafael Uribe Noguera y le impusiera una multa de 1.633 salarios mínimos mensuales por los delitos de acceso carnal, secuestro y feminicidio de la niña Yuliana Samboní, la constructora Lascaux SAS que construyó el edificio Equus 66 donde se cometió el crimen entró en liquidación.
De acuerdo con esta agencia API, la decisión por mutuo acuerdo de los socios no solo puso punto final a ocho años de trabajo y de obras, si no que con ella también se sepultó la posibilidad de reparar económicamente a la familia Samboní y de pagar la multa al Estado de alrededor de $1.600 millones.
De acuerdo con dicha investigación registros públicos evidencian que el arquitecto Rafael Uribe Noguera no tiene bienes a su nombre. No obstante, el apartamento escenario del crimen, que fue propiedad de su hermano Francisco Uribe Noguera y Luis Alfredo Barragán Arango, a través de la liquidada constructora Lascaux, fue vendido el mes pasado. Un negocio por el que Diana Constanza Reyes Forigua y Jhon Fredy Vega sus nuevos propietarios pagaron $740 millones.
