Las autoridades españolas recapturaron a Luis Jhon Castro Ramírez, alias «el Zarco», sospechoso de haber engañado y entregado a 14 jóvenes al Ejército colombiano para ser asesinados, en lo que se conoce como «falsos positivos», informó el presidente Iván Duque.
«El Zarco» fue dejado en libertad en España el pasado 30 de diciembre después de que Colombia no tramitó a tiempo los papeles para la extradición.
«Nuestra Policía Nacional fortaleció la comunicación con todo el equipo judicial y policivo del Reino de España y hoy se nos ha confirmado la recaptura del bandido este conocido como alias ‘el Zarco’ para que sea extraditado a nuestro país a la mayor brevedad», confirmó este sábado Duque.
«El Zarco», un desmovilizado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), es investigado por cinco casos de entrega de jóvenes inocentes en Cali y en las poblaciones de Coyaima, el Guamo y Potrerito, en el departamento del Tolima, y era una pieza clave en la implicación a su vez del asesinato de estos jóvenes por parte del Ejército Nacional.
Castro fue detenido el 25 de noviembre de 2018 en España por un delito menor, tras lo cual la Interpol notificó a Colombia y comenzaron los trámites para su extradición.
«Ese delincuente tiene que venir a responder aquí, a Colombia, por los crímenes que ha cometido», agregó Duque.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que se enteró de la puesta en libertad de «el Zarco» cuando este no acudió a una citación judicial que tenía prevista el pasado 26 de enero, denunció la forma «absurda» de proceder del Estado colombiano, que canceló al menos tres audiencias de imputación de cargos mientras el acusado estaba detenido en España, por «problemas de conectividad a internet».
En un comunicado publicado el 5 de febrero, la Cancillería colombiana se defendió alegando que «actuó en ejercicio de sus funciones como canal diplomático», y que este tipo de casos los gestionan directamente las oficinas de la Interpol en cada país.
Con la macabra practica de los «falsos positivos», que comenzó en los años 90, miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez los convencían, los trasladaban a distintos lugares del país donde los ejecutaban a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate.
