El Gobierno Nacional radicó el texto de la reforma para tercer debate en la Cámara, una propuesta polémica en esta iniciativa, será la eliminación de la facultad que actualmente tiene la Procuraduría para sancionar a servidores elegidos popularmente y que cualquier sanción debe pasar por aprobación de un juez.
El artículo 1 del texto radicado por el representante Heráclito Landinez señala “con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal».
Dicha propuesta busca “armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos».
Otros puntos claves del texto que llega para discusión en la Comisión Primera de Cámara son la posibilidad de revivir el voto obligatorio, que se hundió en el Senado y la posibilidad del transfugismo político, hasta dos meses antes de una elección popular.
”El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso d e medios electrónicos o informáticos”, señala el artículo 10.
La propuesta también plantea que los partidos y/o candidatos serían financiados anticipadamente a cualquier contienda electoral con un 80% de recursos estatales y un 20% con recursos privados.
En el artículo 4, el texto plantea que el Estado “concurrirá a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería”, lo que deja cerraría, en parte, la puerta para la financiación privada.
Y finalmente, otra propuesta que plantea el texto será la posibilidad de ampliar a una segunda vuelta electoral, los comicios en las ciudades que tengan más de dos millones de habitantes como Medellín y Barranquilla.
