La plenaria de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno en segundo debate a la reforma rural y agraria del gobierno de Petro con 122 votos por el sí y 1 por el no. La iniciativa busca crear una Corte Agraria para dirimir conflictos de tenencia de tierra en Colombia.
“Considero que aprobar este proyecto es un paso muy importante para construir un país mejor, nos hacen falta muchas cosas pero dentro de eso una jurisdicción agraria es una necesidad histórica que está recogida en el acuerdo de paz”, señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Añadió que la Jurisdicción Agraria y Rural “responderá de modo muy importante a los anhelos de tenencia y propiedad uso de la tierra por parte de comunidades campesinas”.
La Corte Agraria y Rural se encargará de dirimir más de 38 mil casos en juicios por apropiación de baldíos, despojo de tierras, inseguridad jurídica en titularidad de predios, entre otros aspectos.
La creación de dicha jurisdicción agraria, le costaría al país $233.517 millones, y “representa un avance importante para la transformación del campo colombiano y el reconocimiento de los campesinos como sujetos de especial protección constitucional”, señaló el representante Julián López, por el Valle del Cauca.
«Votamos positivamente este proyecto que modifica la Constitución y que establece la jurisdicción agraria y rural, uno de los compromisos en el marco del acuerdo de paz para devolverle las tierras a los que más lo necesitan, nuestros campesinos y de las víctimas del conflicto», indicó el representante López.
La Corte Agraria y Rural será el máximo tribunal de esta materia en Colombia.
Se compondrá de un número impar de magistrados, quienes para ser elegidos requerirán calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario y rural.
La propuesta tuvo gran discusión en la Cámara y generó polémica por cuenta de la forma en la que se elegirán dichos magistrados, pues la tarea recaería sobre el Congreso y no sobre una alta Corte.
La representante Catherine Juvinao criticó que dicha forma de elección no pudo ser modificada, pues eso llevaría a tener vicios de trámite y politizaría el proceso.
